La Junta de Andalucía continúa con su “política de silencio” sobre la situación que atraviesa el consorcio de la Escuela de Hostelería de Islantilla, dependiente de esta Administración. Seis meses sin pagar a los trabajadores y a los proveedores, despensas y cámaras vacías, alumnos que no han podido finalizar sus prácticas, el restaurante cerrado y un futuro incierto sobre el que la Junta sigue sin pronunciarse. Así lo entiende el sindicato CSIF que, después de meses solicitando una solución para este complejo de formación, no ha recibido contestación alguna.
De hecho, el pasado mes de julio la Central Sindical presentó una queja telemática ante el Defensor del Pueblo Andaluz para trasladarle el problema que se está viviendo en el consorcio onubense. La petición fue atendida y, desde esta institución, se trasladó a la Junta el requerimiento de CSIF; no obstante, la Administración andaluza no ha facilitado el informe que se le pidió el día once de julio para que explicara la situación.
Ante la pasividad de la Junta, la Central Sindical ha tenido constancia de que desde la oficina del Defensor del Pueblo Andaluz se ha vuelto a pedir información con el objetivo de conocer el escenario real de la Escuela de Hostelería de Islantilla. En este sentido, CSIF teme que “la intención real sea cerrar el centro de formación ante la actitud que ha adoptado la Administración andaluza de ocultar de forma sistemática lo que está ocurriendo en el centro”.
Por todo ello, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios exige a la Junta que le facilite al Defensor del Pueblo Andaluz los datos solicitados (requeridos ya por segunda vez) para que desde esta institución se promuevan las medidas oportunas que garanticen el mantenimiento de la escuela, los puestos de trabajo y la formación de primer nivel que se imparte al alumnado.
