La titular del juzgado de lo Penal número 18 de Madrid ha condenado a 131 controladores aéreos a multas de entre 15.000 y 31.500 euros, así como al gestor aeroportuario Enaire -antes AENA- como responsable civil subsidiario, por abandono del servicio público durante la huelga de diciembre de 2010.
Absuelve, en cambio, a dos de los acusados por la Fiscalía, uno de ellos el que fuera portavoz de la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA), César Cabo, que no pactó con el Ministerio Público y contra el que no se han encontrado pruebas, ya que en el momento de los hechos se encontraba de viaje en Asia.
El fallo, que contempla como atenuante las dilaciones indebidas que ha sufrido el proceso, también reconoce el abono de más de 13 millones de euros a los perjudicados por el cierre del espacio aéreo durante cerca de 20 horas, en concepto de responsabilidad civil.
De dicha cantidad tendrán que hacerse cargo todos los condenados de forma conjunta y solidaria junto con la empresa pública, Enaire.
En su sentencia, cuyo contenido íntegro se conocerá en los próximos días, la magistrada considera probado que los acusados "adoptaron un mecanismo de presión laboral consistente en abandonar sus puestos de trabajo de forma masiva, paralizando, de esta forma, el tráfico aéreo, y ello bajo la dirección de los miembros de la Junta Directiva y delegados sindicales del sindicato USCA".
Recuerda que de los 133 controladores acusados, 119 reconocieron durante el juicio los hechos que recoge el escrito de la Fiscalía, que sostenía que USCA planteó el modo de actuar para ejercer presión sobre AENA y el Gobierno en un conflicto que se remontaba a enero de ese año, durante las negociaciones del segundo convenio colectivo del sector.
Tras acusarse mutuamente de negociar sin voluntad de alcanzar un acuerdo, en febrero el Gobierno aprobó un real decreto ley que devolvía a AENA la gestión y el control del tráfico aéreo, en manos de los controladores desde 1999.
"En una acción colectiva y concertada con el fin de paralizar la actividad aeronáutica al margen de cualquier negociación colectiva u otra vía legal, presentaron ante el responsable de la sala dicho documento, escrito de su puño y letra, en el que alegaban una disminución significativa de sus capacidades psicofísicas para desempeñar su puesto", defendía la Fiscalía.
La titular del juzgado dedica una mención especial a las declaraciones de los testigos durante la vista oral, en la que "relataron la secuencia de hechos que se produjo el puente de diciembre de 2010".
Sus versiones, así como "la prueba documental, pericial y la audición de las grabaciones", muestran que los acusados "se concertaron con la finalidad de interrumpir el tráfico aéreo", ya fuera presentando "en cascada" tal formulario, no acudiendo a sus puestos de trabajo o si lo hicieron, limitándose "a controlar los vuelos previstos en el Convenio de Chicago".
De las pruebas interpreta además que los controladores "desplegaron una conducta de presión laboral hacia AENA, y su objetivo consistía en paralizar el tráfico aéreo", meta que "consiguieron en unas fechas en las que iba a haber mucho movimiento de pasajeros, pues se trataba del puente más largo del año".
En concreto, recalca, "utilizaron este mecanismo de presión" para, de esta forma "ganarle el pulso al Gobierno, que iba a modificar ese mismo 3 de diciembre sus condiciones laborales".
PERJUICIOS PARA LOS AFECTADOS Y PARA EL TURISMO MADRILEÑO
Esta actuación "no sólo afectó a los ciudadanos que no pudieron viajar el puente" sino que también tuvo "graves consecuencias económicas" para el turismo de la Comunidad de Madrid.
No obstante, aclara la juez, no se ha reclamado ninguna indemnización por este motivo a pesar de que fueron numerosas las cancelaciones de reservas de hotel.
CABO, ABSUELTO
El veredicto absuelve, sin embargo, a dos de los controladores sentados en el banquillo, uno de ellos Cabo, que durante el juicio negó haber promovido, organizado, ni incitado el abandono colectivo de los controladores, ya que en esas fechas estaba de vacaciones en Asia.
La magistrada se muestra perpleja al comprobar que, a lo largo de la vista, "se haya realizado tan escasa mención a quien, según las acusaciones, figuraba como principal dirigente de la protesta sindical".
"Sólo al final (...) con el visionado de los programas emitidos por televisión, es cuando de nuevo aparece como portavoz explicando la posición de los controladores en el conflicto que mantenían con AENA y el Gobierno, lo que ocurrió con posterioridad", subraya la sentencia, que puede ser recurrida ante la Audiencia Provincial.
El que fuera cara visible de la USCA fue uno de los catorce acusados que no llegaron a un acuerdo con la Fiscalía, que reclamaba para él la suma más elevada, 75.000 euros, mientras que para los otros trece, pedía 60.000 euros de multa.
Junto a Cabo ha sido exonerado otro de los controladores tras haber acreditado que su parte médico de baja laboral "respondía a una realidad clínica".
