La Oficina del Defensor del Pueblo andaluz, dirigida por Jesús Maeztu, ha abierto una queja de oficio dirigida a la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, al Ministerio de Interior y a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias para investigar el fallecimiento entre enero y octubre de diez internos en las cárceles de Sevilla.
En el texto de la queja, consultado por Europa Press, el Defensor señala que a través de diversos medios de comunicación ha tenido conocimiento de recientes fallecimientos de internos en los distintos centros penitenciarios de Sevilla "por una posible sobredosis". También señala que estas informaciones aluden que de enero a octubre "se han producido diez fallecimientos en estos centros frente a los noventa ocurridos en la totalidad de centros penitenciarios españoles".
La institución señala que como ya hizo referencia en una anterior expediente de queja, en el ámbito penitenciario concurren acciones y políticas en las que interviene la gestión de la Administración General del Estado, a través de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (SGIP), y la propia Junta de Andalucía, "responsable del ejercicio de competencias tan sensibles a la actividad diaria de la vida en las cárceles y de sus internos como son la sanidad, asistencia social, la educación, etcétera".
Así, la Defensoría apunta que de los diez fallecimientos, "los últimos cinco, ocurridos entre los meses de mayo a octubre, parecen estar relacionados con una sobredosis, pudiéndose corresponder el resto con otras cuestiones", toda vez que señala que en aunque un "elevado" porcentaje de los internos son drogodependientes y, en muchos casos, cumplen condenas por delitos relacionados con este motivo, "el hecho de que tengan acceso a dichas sustancias es una cuestión grave que dificulta, cuanto no, imposibilita su reinserción".
De este modo, indica que las medidas preventivas que han de ser tomadas dentro de los centros penitenciarios "deben de tener su respaldo también en aquellas otras medidas alternativas que, en el ámbito competencial de la comunidad, tiene atribuida la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales", para añadir que resulta "evidente" que el ejercicio de estas políticas destinadas a la prevención, tratamiento y superación de las drogodependencias "exigen la coordinación entre los distintos estamentos implicados, priorizando programas de prevención, desarrollando estrategias de intervención y agilizando el acceso a los recursos".
En este sentido, el Defensor indica que le "preocupan" los recientes fallecimientos del pasado octubre, lo que "le obliga a tomar un mayor conocimiento de la situación e iniciar nueva actuación de oficio ante la Consejería de Igualdad y la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias", y que recibido los informes de ambas administraciones dentro del expediente de queja anterior, "deja en suspenso la valoración para ser examinados de forma conjunta al presente expediente".
De este modo, el Defensor del Pueblo andaluz solicita ahora información sobre la "posibilidad de aumentar o redistribuir el número de profesionales de los Equipos de Apoyo a Instituciones Penitenciarias (EAIP) entre los distintos centros ante una posible desproporción de casos entre ellos (a nivel nacional, un 11,1% de fallecimientos en la provincia de Sevilla) y sobre "posibles medidas a adoptar" al respecto en la provincia de Sevilla o "su justificación de no ser procedente o necesario".
