Por una atención integral de las personas necesitadas con las que se evitará la profesionalización de los pobres y que la situación de pobreza en núcleos familiares sea crónica. La formación y la orientación han sido las banderas de Cáritas Diocesana desde hace años y ahora su empuje es la inserción laboral, todo ello a través de un plan integral con las personas necesitadas. Para ello necesitan recursos económicos, ya que aunque manejan un presupuesto anual de alrededor de cuatro millones de euros, casi la mitad va destinado a las ayudas directas a las personas. Los recursos de Cáritas Diocesana llegan a alrededor de 45.000 personas en la provincia (150.000 beneficiarios), a las que prestan 250.000 servicios al año, siendo mayoritariamente la entrega de alimentos. “Las personas necesitadas se mantienen, pero hemos gastado más dinero en su atención. La provincia está muy mal, acorde a su tasa de paro”, recordó el director de Cáritas Diocesana en los desayunos de VIVA.
Esta situación la resolverán vertiendo más esfuerzos en otras líneas de actuación, con las que Cáritas Diocesana da un paso hacia un cambio “serio y riguroso” en su trabajo. “Hay que poner condiciones a las personas y serán que formen parte de nuestro itinerario de formación, orientación e inserción laboral”, dijo.
Rafael López-Sidro se mostró “ilusionado” por un proyecto de empleo de “gran envergadura”. En contacto con las administraciones, la receptividad está siendo “muy buena”. Se trata de la constitución de una empresa de reciclaje de ropa usada, cuya planta provincial estará en Linares. Están pendientes de la cesión municipal de una nave de mil metros cuadrados. Es un proyecto estudiado en Cáritas Española porque ya hay 80 empresas funcionando a nivel nacional y que han empleado en el reciclaje de ropa a 600 trabajadores. Buscan la autofinanciación y crear empleo y lo harán bajo el amparo de la normativa sobre empresas de inserción, contratando a personas en riesgo de exclusión social.
La fase provincial consistiría en el montaje de una planta de recogida y tratamiento de la ropa usada, para que ésta se higienice, se planche y se entregue en las Cáritas de una forma más digna. En la actualidad, la ropa de deshecho que sale de la Diócesis jienense llega a la fábrica del País Vasco, que la transforma en lana y algodón, hasta que en Jaén se monte la planta. “De la ropa que nosotros recibimos, el 90% es para deshecho”, lamentó López-Sidro.
Una 2ª fase sería la apertura de tiendas de ropa usada en la provincia. “No es una actividad rentable, porque las tiendas pueden dejar un 10% de beneficio, pero la venta de la ropa usada cubre eso y los gastos de la planta, porque pagan a casi un euro el kilo de ropa ”, reconoció. La 3ª fase sería montar una planta en Andalucía, donde todo el remanente se trataría. Es un proyecto en el que también se han interesado las Cáritas de Jerez, Granada, Córdoba y Almería. En Andalucía hay que acelerar el proceso porque hay empresas multinacionales interesadas por la ropa de la Unión Europea y están presionando en Bruselas para sacar un reglamento por el que se declare la ropa usada como producto tóxico. “Es una actividad rentable y que mueve mucho dinero”, dijo.
Por otra parte, están en negociación con la Diputación para firmar un convenio para que los ayuntamientos con menos de 20.000 habitantes autoricen a Cáritas el montaje de contenedores de ropa. Hay organizaciones que están pagando por montar contenedores, pero no es la intención de Cáritas. “A última instancia, en cada parroquia se monta un contenedor para que la gente eche la ropa sabiendo que es para Cáritas”, confió. Anualmente han entregado del orden de 80.000 prendas de ropa usada.
Cáritas Diocesana ha conseguido la autorización legal de la agencia de colocación, que les va a permitir trabajar con empresas y asociaciones empresariales para la inserción laboral de las personas que atienden. “Con esta experiencia nos adentramos en las empresas para sensibilizarlas ante un sector de la población con serias dificultades de acceso al empleo y enseñarles cómo pueden beneficiarse de las ayudas que incentivan el pago de subvenciones a las empresas por contratar a personas de este perfil”, puntualizó. Además, los cursos de formación los adaptarán a las necesidades que demanden las empresas. “Cubriremos la orientación, la formación y entraremos descaradamente en la inserción laboral”, afirmó, señalando el nuevo rumbo de Cáritas.
Ahora están facultados para formalizar contratos. “Nos va a permitir formalizar contratos legales y expedir certificados de cursos de formación que tengan validez. Hemos dado un paso de calidad inmenso”, dijo.
Cáritas Diocesana espera respuesta de la delegación de Vivienda de la Junta de Andalucía para que autorice una concesión administrativa de gestión de las viviendas públicas en régimen de alquiler social, para que las puedan explotar con familias que atienden en su itinerario de atención integral y en casos de emergencia social.
Necesitan ‘aliados’ y ‘héroes’ para sumar recursos y restar pobreza
Es el primer año que Cáritas Diocesana ha puesto en marcha una campaña para captar socios. Bajo el lema ‘Hazte su aliado, hazte socio de Cáritas’, el objetivo es sumar esfuerzos y recursos económicos en pro del empleo, para poder poner en marcha proyectos como el de la empresa de reciclaje de ropa, los cursos de formación o la explotación de las viviendas en régimen de alquiler social de la Junta de Andalucía.
Cáritas lleva años volcada en la entrega de alimentos, pero ahora trabajarán en la adquisición y entrega de otros recursos, como comida para niños, medicinas o el pago de los recibos de gastos corrientes, alquileres y materiales escolares. Necesitan aliados, héroes que aporten recursos para que sea posible el cambio de rumbo.
Desde Cáritas Diocesana han decidido no solicitar alimentos del Fondo Social Europeo, que ya no son excedentes. Para el quinquenio 2015-2020 el Gobierno Central establece criterios nuevos de control para las organizaciones que reparten alimentos. Serán los trabajadores sociales, con un informe favorable sobre la familia beneficiaria, los que decidan a quiénes tienen que entregar alimentos.
Los nuevos criterios establecen que organizaciones como la Fundación Banco de Alimentos o Cruz Roja están autorizadas para inspeccionar a Cáritas Diocesana. “Es un atentado al derecho que como persona jurídica tiene Cáritas, que es el derecho a la libertad de acción. La ley dice que los expedientes de inspección tienen que ser tramitados por un funcionario público y no por un particular”, dijo López-Sidro, que escribirá una carta al Ministerio para mostrar su disconformidad.
Desde el Gobierno Central alegan que hay familias que reciben alimentos de diferentes organizaciones y desde Cáritas Diocesana aseguran que esa situación la llevan denunciando desde hace años y que la solución es llegar a acuerdos entre las organizaciones para controlar la entrega de alimentos.
Cáritas cuenta con fondos para comprar alimentos si hacen falta gracias a una donación cuantiosa reciente.
