Casi una década ha costado refundar Feria Valencia, una institución centenaria fundada en 1917 que se convierte en empresa pública de la Generalitat, desde que en el año 2012 se planteara la necesidad de aclarar su naturaleza jurídica y de que en 2015 se acordara cambiar su modelo de gestión.
En todo ese tiempo, la Feria Muestrario Internacional de Valencia ha sido una asociación de utilidad pública y personalidad jurídica propia, y ahora, después de dos legislaturas de trabajo y un largo proceso, pasa a ser una mercantil pública bajo la denominación de Societat Valenciana Fira València SA.
De la reestructuración de la Feria comenzó a hablarse en 2012, bajo el mandato del PP en la Comunitat Valenciana, la presidencia del Patronato en manos de Rita Barberá por su condición de alcaldesa y el empresario Alberto Catalá como presidente del comité ejecutivo, con la llegada de Enrique Soto desde la secretaría general de la patronal CEV a la dirección general de la entidad.
Tras el cambio de gobierno en la Generalitat con la entrada del Botànic (PSPV y Compromís) y en el Ayuntamiento con Joan Ribó (Compromís) como nuevo alcalde en 2015, en septiembre de ese año se celebró una reunión entre representantes de ambos gobiernos y de Feria Valencia -ya presidida por José Vicente González- en la que acordaron separarla en dos entidades, una pública titular del patrimonio y la deuda, y otra de explotación con carácter mercantil.
Se podría considerar este momento como el punto de inicio de lo que después ha sido la reestructuración de la entidad, que ocho años después será de la Generalitat, con su deuda, sus acreedores y la totalidad de la plantilla (110 empleados).
Unos meses después de aquella reunión, el patronato de la Feria acordó la hoja de ruta para la reestructuración de la entidad, que en ese momento tenía una deuda de 519 millones de euros y había acabado 2015 con unas pérdidas de 2,5 millones y una investigación de la Fiscalía en marcha por los sobrecostes de mil millones de euros en las obras de ampliación del recinto, que finalmente fue archivada al no apreciar indicios de responsabilidad penal, aunque sí diversas irregularidades administrativas.
LA PRIMERA FERIA DE ESPAÑA
El 10 de mayo de ese año, Feria Valencia celebró su centenario. En esa misma fecha en 1917 se inauguró en el vestíbulo de la nueva Estación del Norte y en el patio del Imperial Colegio de Niños de San Vicente Ferrer de València la primera Feria Muestrario de España, una iniciativa de Unión Gremial.
Al año siguiente, en 2018, y después de diez años de cierre de ejercicios en negativo, la Feria volvió a resultados positivos de explotación.
En junio de hace dos años, las consellerias de Hacienda y Economía acordaron la integración de Feria Valencia y la Institución Ferial Alicantina (IFA) en el sector público de la Generalitat mediante la creación de una empresa mercantil con dos divisiones o dos sociedades, opción esta última que ha sido la elegida.
El pasado 9 de marzo Feria Valencia aprobó las últimas cuentas de 2022 con un Ebitda negativo de 2,2 millones y unos ingresos de 20,2 millones, 3,6 veces más que en 2021, año afectado por la pandemia. Asimismo, 108 millones de la deuda generada a principios del siglo por la construcción del recinto se han convertido en pérdidas contables.
Este próximo viernes, con la previsible aprobación por el Consell de la cesión de activos y pasivos a la nueva mercantil, Feria Valencia abre una nueva etapa con la consiguiente adquisición en bloque de la totalidad del patrimonio de la institución ferial, por sucesión universal de sus derechos y obligaciones, que comporta la disolución sin liquidación.
Un proceso que ya cerró Fira Alacant (IFA) en enero, después de que la Generalitat asumiera toda la deuda a cambio de quedarse con la titularidad de los pabellones y de los terrenos destinados a la futura ampliación del recinto.
