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Torremolinos

Un nuevo informe jurídico alerta sobre irregularidades en el 'museo'

Concretamente en la aprobación del incremento de 1,3 millones de euros en las obras del edificio de la plaza Picasso de Torremolinos

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  • Plaza Picasso
  • Un documento del interventor accidental ya advertía en 2010 sobre la falta de dotación económica para dar cobertura a este gasto
  • A pesar de lo cual la Junta de Gobierno Local acordó autorizarlo, incurriendo en “nulidad de pleno derecho”

El 24 de abril de 2009 la Junta de Gobierno Local, presidida por Pedro Fernández Montes, sacó adelante el proyecto de inmueble destinado a museo de la ciudad, con un presupuesto de 4.230.000 euros. Un año y medio después –el 24 de septiembre de 2010-, el mismo ejecutivo aprobaba una modificación del citado proyecto cuyo importe total ascendía a 5.872.103 euros, a pesar del informe del entonces interventor accidental, que tan solo un día antes advertía de la falta de dotación económica para dar cobertura a ese incremento de 1,3 millones, lo que convierte este acuerdo de la Junta de Gobierno en “nulo de pleno derecho”. Así lo corrobora un nuevo informe jurídico que  alerta que este incremento del gasto –situado en más de 1,3 millones de euros- “no cumplía con los requisitos legales para su aprobación” y por tanto, el modificado del proyecto de la obra de este edificio de la plaza Picasso “no debió ejecutarse”, cita literalmente.


El documento desvela que el entonces interventor accidental del Ayuntamiento de Torremolinos advirtió el 23 de septiembre de 2010 de la "falta de dotación económica para dar cobertura a este gasto por un importe económico que no se disponía en el presupuesto vigente".  Así el informe concluye de manera textual que “el acuerdo adoptado el 24 de septiembre de 2010 por la Junta de Gobierno Local, por el cual se aprobaba el modificado del proyecto de obra del museo, incurría en causa de nulidad de pleno derecho por insuficiencia de crédito presupuestario para ejecutarla, tal y como advertía el Sr. Interventor Accidental, por lo que el acuerdo no cumplía con los requisitos legales para su aprobación y por tanto el modificado del proyecto de obra del museo no debió ejecutarse”.

Por tanto, según recoge la legislación en materia de contratación administrativa (de contratos de sector público) “son causas de nulidad de derecho administrativo las siguientes: la carencia o insuficiencia de crédito, de conformidad con lo establecido en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, o en las normas presupuestarias de las restantes Administración Públicas sujetas a esta Ley”.

“Estamos ante hechos muy graves, en este caso Pedro Fernández Montes desoyó un informe del interventor para poder continuar con su proyecto imaginario de inaugurar un museo en Torremolinos”, ha asegurado Maribel Tocón, concejala de Urbanismo. “Una vez más el anterior alcalde hizo un uso indebido del dinero de todos los torremolinenses para cumplir sus sueños de grandeza”, ha continuado Tocón, por lo que “este equipo de Gobierno ha requerido la información pertinente a las delegaciones implicadas, y poder tomar las medidas legales, jurídicas o administrativas que debamos que tomar para llegar al fondo de este asunto”. De nuevo, “el Partido Popular actuó con absoluta negligencia, despilfarrando dinero de todos, saltándose a la torera los trámites y encima ahora tienen la desfachatez de reclamar el uso de museo para el edificio”. 

Edificio de 6 millones sin proyecto

“Nos encontramos ante una nueva irregularidad, pero no es la primera y seguro que tampoco la última, en la tramitación del mal llamado museo”, ha manifestado Tocón, quien ha recordado que “el proyecto de museo solo se encontraba en la imaginación de Pedro Fernández Montes y sus concejales, entre los que se encontraba Margarita del Cid, que en uno más de sus antojos decidió construir un armatoste de cemento, de dudoso gusto arquitectónico, sin seguir los procedimientos adecuados, ya no solo a nivel administrativo sino lógicos”. La edil ha valorado que “no tiene ninguna lógica que pretendiera hacer la casa por el tejado”.

En este sentido el consistorio dio a conocer recientemente que el proyecto para la construcción de este edificio se aprobó en junta de gobierno local en el año 2009,  sin embargo el proyecto museístico para dotarlo de contenido no se encargó y presentó a la Junta de Andalucía hasta el año 2014. Un proyecto que la Consejería de Cultura, organismo competente para la creación de museos, denegó en el año 2015, argumentando que carecía “de un discurso museístico sólido y de la suficiente coherencia como para poder describirse a sí mismo como museo de la ciudad”, ya que “la calidad patrimonial de su colección es escasa”, señalaba el documento.

Contrato privado del alcalde 

“El proyecto museístico llegaba tarde y mal”, ha asegurado la edil. Una vez más el “Partido Popular gobernó a golpe de antojo de su alcalde, que con ‘sueños’ como éste ha hipotecado el futuro de Torremolinos, dejándonos además de un edificio fantasma, una deuda cercana a los 200 millones”. En esta ocasión, el coste del edificio asciende hasta el momento a 5.096.923 euros de construcción y 433.482 euros de dirección de obra y proyecto de estudio de arquitectura. A esta cifra hay que añadirle más 35.000 euros para la redacción del proyecto museístico en 2014. Un proyecto encargado directamente a una especialista en la materia por Pedro Fernández Montes a través de un contrato privado del alcalde, “eludiendo así cualquier tipo de ejercicio de transparencia” y que fue abonado entre 2014 y 2015. Además ha recordado que la obra aún no está finalizada y los costes para terminar el edificio están cuantificados en cerca de 800.000 euros.

“¿Cómo es posible despilfarrar más de 5,5 millones de euros en un edificio que no contaba con proyecto y en el que cinco años después tuvieron que pagar a una empresa externa para que lo elaborase?”, ha incidido Tocón. “Por supuesto que Torremolinos se merece un museo, y seguro que lo tendrá, pero para ello hay que hacer las cosas bien y seguir los trámites exigidos por la ley para la creación museística y los procedimientos legales”.

Alquiler del edificio

En definitiva, la situación actual “está empobreciendo la zona debido a su inactividad, por lo que los esfuerzos de este equipo de gobierno se están centrando en darle un uso que concilie las características del edificio con la finalidad pública y social, de manera que impulse el tejido empresarial y comercial y se revitalice económicamente la zona, favoreciendo así la creación puestos de trabajo”.

Por este motivo, “urge darle uso viable al edificio, y que sea otra institución la que se encargue de adecuarlo, por lo que durante estos meses hemos contactado con la UMA, la Junta y otras instituciones”. Una de las opciones que se barajaban era alquilar el edificio para uso judicial, lo que venía siendo una demanda por parte del Colegio de Abogados y demás profesionales, así como los usuarios, dado el mal estado de la actual sede. La concejala de Urbanismo ha querido poner un ejemplo y ha explicado que es como si “yo me compro un piso y me queda toda la hipoteca por pagar. El piso está vacío y no le puedo dar el uso que pretendía en un principio. ¿Cuál es la solución de emergencia para cubrir los gastos de hipoteca? Alquilarlo”, ha respondido contundentemente.

Tocón ha finalizado aclarando que el actual PGOU de Torremolinos permite en esta parcela, la creación de edificios de uso social, administrativo, sanitario o incluso religioso, por lo que el “proyecto para albergar la sede judicial de Torremolinos es completamente viable”.

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