La Policía Nacional ha desarticulado en Valladolid a un grupo criminal dedicado a la explotación laboral, con la detención por el momento de cinco personas que habían constituido una red que explotaba y retenía contra su voluntad a trabajadores extranjeros para faenar en labores agrícolas.
La operación, denominada 'Alhucema' debido a que, como han precisado a Europa Press fuentes policiales, buena parte de las víctimas y de los detenidos procedía de Marruecos, se inició en noviembre de 2019, cuando uno de los afectados que residía en Valladolid y se encontraba en situación irregular consiguió escapar de la trama y denunció lo que le ocurría.
Esta persona narró a los agentes cómo al entrar en las redes de este grupo fue aislada en un domicilio controlado por ellos, le retiraron su pasaporte el cual entregaron a otra persona "por si las autoridades le identificaban". Además, le obligaban a cumplir jornadas "maratonianas sin descansos" y como salario recibía "pequeñas propinas sin regulación alguna" mientras vivía "bajo una amenaza constante por su situación de irregularidad administrativa".
La Policía Nacional inició una investigación que llevó a concluir que el grupo criminal había creado dos sociedades mercantiles de las que eran socios sus miembros y que trabajaban con aparente legalidad, ya que realizaban contratos con agricultores para trabajos en el campo y cumplían sus obligaciones sociales y tributarias, pues "una mínima parte" de los empleados estaba contratado de manera legal.
Esto, relata la Policía, "enmascaraba una contratación masiva" de trabajadores en situación irregular para faenar en la agricultura a los que entregaban la documentación de otra persona y les mantenían en condiciones laborales precarias, con salarios "muy inferiores" a los correspondientes a su puesto de trabajo y a las horas realizadas, sin cumplir con la jornada laboral ni los descansos establecidos, al tiempo que les descontaban gastos inexistentes de manera "abusiva".
La Policía señala que las empresas de la trana obtenían un beneficio económico "del 100 por ciento" pero además no era su única fuente de ingresos, pues también se dedicaban a confeccionar y tramitar documentación para sus "clientes" a la carta, según los requisitos que los demandantes de sus servicios tenían que cumplir para regularizar su situación en España, tramitar solicitudes de reagrupamiento familiar o bien poder acceder al cobro de prestaciones o subsidios.
Para ello elaboraban contratos laborales o empadronamientos ficticios, altas en Seguridad Social fraudulentas o contratos de alquiler de vivienda sin residir en la misma.
FACILITABAN VISADOS PARA ENTRAR EN ESPAÑA
Este grupo contaba incluso con clientes que residían fuera de España y trataban de conseguir el visado correspondiente para entrar en territorio nacional.
En función de lo solicitado, la cuantía que cobraban podía variar entre los 250 euros por la documentación más básica y los 3.000 euros en casos más complejos.
La operación 'Alhucema' ha permitido por el momento la detención de cinco de los miembros de esta red, a quienes se investiga por delitos de pertenencia a grupo criminal, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, contra los derechos de los trabajadores, contra la seguridad social y falsedad documental. La investigación sigue abierta, por lo no se descartan nuevas detenciones.
La operación ha sido realizada por la Unidad Contra las Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF) de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Comisaría Provincial de Valladolid y Brigada Central de Trata de Seres Humanos, de la Policía Nacional.
