La Guardia Civil ha desmantelado una red internacional que introducía almeja japónica contaminada, en una operación en la que han sido detenidas e investigadas 43 personas (39 españoles y 4 portugueses) y se han intervenido 38,5 toneladas de esa especie.
Se estima en más de 9 millones de euros los beneficios anuales de esta red delictiva, con una estimación superior a las 1.000 toneladas de almeja japónica de procedencia ilícita y recepcionadas por empresas españolas.
En la operación, denominada Txuspas y coordinada por Europol, se han realizado seis registros y siete inspecciones, con un total de once empresas involucradas en la investigación, y se ha localizado una guardería (almacén clandestino) donde almacenaban la almeja japónica procedente de Portugal.
Según ha informado la Guardia Civil en un comunicado, la investigación llevada a cabo por el Seprona se inició el año pasado a raíz de la intoxicación de veintisiete personas en distintos restaurantes de Cantabria y Asturias.
Los investigadores han logrado demostrar la existencia de un grupo organizado dedicado a la pesca ilegal de los bivalvos en Portugal y su posterior comercialización a través de viveros españoles. Para ello, utilizaban dos rutas de entrada en España con destino final Huelva y Cantabria.
Tras un breve tratamiento de depuración mediante circulación de agua limpia, incapaz de realizar una depuración completa, la almeja contaminada era puesta en el mercado a través de comercios vinculados con la venta de moluscos y restaurantes.
La investigación, tutelada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Santander, ha permitido conocer la connivencia entre los suministradores de la almeja japónica y los responsables de los viveros, los cuales mezclaban los bivalvos intoxicados con la almeja adquirida legalmente, al objeto de hacer perder la trazabilidad.
De esta forma, ante una posible intoxicación, resultaría imposible determinar el origen, intentando así anular cualquier responsabilidad al no ser posible determinar el marisqueo.
Asimismo, los responsables de los viveros utilizaban documentos falsos de estuarios portugueses con el fin de enmascarar la procedencia real de la almeja.
Aunque la actividad de las empresas investigadas se centraba en España, toda la almeja procedía del marisqueo furtivo en la costa de Portugal, razón por la que se trabajó con ASAE (Autoridade pela Segurança Alimentaria e Economica), la cual llevó a cabo un gran número de servicios coordinados con el Seprona.
De esta forma, en octubre se frustró el último envío que la organización criminal trató de introducir en España, aprehendiéndose 2,5 toneladas de almeja japónica contaminada en suelo luso.
Los grupos de furtivos, dedicados a la recolección de los bivalvos intervenidos, estaban compuestos principalmente por personas de diferentes nacionalidades de Europa del Este, con escasos recursos económicos, que actuaban al margen de la legislación
Los principales dirigentes y transportistas han sido detenidos en España y en Portugal tras ser objeto de seguimiento y control de las entregas, de los cobros de dinero y verificar tanto la falta de asentamiento como de trazabilidad de la mercancía.
La comercialización de la almeja japónica contaminada fue detectada en restaurantes y comercios dedicados a la venta de moluscos, que desconocían la procedencia real, debido a que las depuradoras españolas enmascaraban su origen.
