Más de 100 ayuntamientos en toda España reclaman la constitución de una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados para depurar eventuales responsabilidades políticas por el accidente del tren Alvia en Angrois, que dejó 80 muertos y 144 heridos.
En torno a 30 de estas peticiones han sido respaldadas en municipios gobernados por el Partido Popular, mientras que otra treintena, aproximadamente, salió adelante en corporaciones presididas por el Partido Socialista, según recoge el listado completo sobre estas demandas que maneja la plataforma de víctimas, al que ha tenido acceso Europa Press.
La asociación de afectados es la impulsora de un texto que también demanda una comisión técnica para que determine las causas del siniestro. Una vez recabados más de un centenar de apoyos de consistorios por todo el conjunto estatal (39 en Galicia, a la espera de su debate en más localidades), la plataforma hará una entrega simbólica de las mociones y declaraciones institucionales este miércoles 31 de mayo en la Cámara Baja, con un documento dirigido, precisamente, a la presidenta Ana Pastor, otrora ministra de Fomento.
Además, coincidiendo con esta ocasión, los afectados por el descarrilamiento en la curva de A Grandeira se concentrarán a las 18,00 horas en la plaza de las Cortes, donde contarán con el respaldo de varios diputados de distintas formaciones que ya han confirmado su asistencia.
Han comprometido su participación en esta nueva movilización de las víctimas del Alvia el socialista Odón Elorza, Joan Capdevilla de ERC, Sergio Pascual de Podemos, Fernando Navarro (Ciudadanos) y las diputadas de En Marea Yolanda Díaz (Esquerda Unida) y Alexandra Fernández (Anova).
CARTAS A LOS PARLAMENTARIOS
La asociación, que agrupa a la mayoría de las víctimas del accidente ocurrido en julio de 2013, ha remitido cartas a todos los parlamentarios en las que destacan que los más de 100 gobiernos municipales que les respaldan representan a 16 millones de ciudadanos.
A lo largo de estos casi cuatro años desde la tragedia, primero el BNG y después En Marea trataron de promover el debate en el Congreso acerca de la creación de una comisión de investigación parlamentaria, pero solo el partido instrumental en el que se integran Podemos, Anova y Esquerda Unida logró que se llegase a abordar la iniciativa, y fue rechazada con el voto en contra de PP y de PSOE.
La plataforma ve "difícil" de entender que los populares voten a favor o se abstengan "en el casi cien por cien de los ayuntamientos" donde se ha abordado su petición pero que luego voten en contra de la misma propuesta en el Congreso.
Además de "totalmente incoherente", critican que "se está desoyendo la opinión de los representantes de 16 millones de ciudadanos, lo que es una actitud absolutamente antidemocrática". Así se lo recuerdan las víctimas a los diputados del PP en alguna de sus misivas.
Le advierten de que, en concreto, el Partido Popular solo se ha negado en uno de los 106 ayuntamientos a la creación de la comisión de investigación.
Al PSOE, con una argumentación casi idéntica, le dicen que también es "difícil entender cómo su partido puede votar a favor en 103 ocasiones y abstenerse en tres de los ayuntamientos y luego votar en contra de la misma propuesta en el Congreso".
Pero a los socialistas, además, le recuerdan que "recientemente su partido votó a favor de instar al Gobierno a crear estas comisiones en las Cortes de Castilla y León y en el Parlamento gallego".
LOS MOTIVOS PARA LAS COMISIONES
Los motivos para la creación de ambas comisiones son "claros" para la asociación de afectados. Así, sobre la de tipo técnico, apuestan por "seguir la recomendación de la Agencia Ferroviaria Europea y del Parlamento Europeo de que se haga una investigación independiente (...) ya que la que se hizo (CIAF) no lo era, pues la realizaron miembros de Renfe y Adif, que son parte en la causa".
Para justificar la necesidad de la comisión de investigación parlamentaria --la más controvertida a nivel político--, apelan a "la gravedad" y "la magnitud del accidente", que "implica" a empresas públicas estatales, así como las "contradicciones y ocultaciones" que aseguran que se están produciendo en este caso.
"Consideramos que es imprescindible realizar una comisión de investigación parlamentaria. El objetivo es que se depuren las posibles responsabilidades políticas, dando así cumplimiento al artículo 52.1 del Reglamento del Congreso de los Diputados", inciden las víctimas.
Como "ciudadanos con derechos", defienden solicitar "algo muy democrático" y destacan que "solo" buscan "saber la verdad para poder descansar en paz y aminorar" su sufrimiento. "Porque solo la verdad evitará que una catástrofe como está vuelva a ocurrir", resuelven.
