La vicepresidenta primera del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha afirmado este viernes que acata la sentencia que califica como mera "libertad de expresión" el escrache frente a su domicilio, aunque opina que los derechos "no son ilimitados", sino que su límite "son los derechos de los demás", y más si son menores de edad o personas mayores.
Por su parte, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, no ha aclarado si la Fiscalía recurrirá la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, puesto que actúa con "autonomía".
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Sáenz de Santamaría se ha referido a la sentencia subrayado que una cosa es la "vida pública" de los políticos, que tienen obligación de "atender las críticas" y respetar el derecho de manifestación, y otra su "escenario privado" y sus familiares, que no tienen por qué compartir esa actividad pública.
"Hay cantidad de instituciones públicas para manifestarse delante de ellas, otra cosa es un terreno familiar, personal, donde hay familiares y también vecinos cuyos derechos tienen que ser respetados", ha dicho. La vicepresidenta se ha referido especialmente a los menores y a personas mayores "que han tenido que ver a una edad avanzada determinadas cosas". No obstante, ha admitido que "los jueces han dicho otra cosa" y ha dejado claro que lo acata porque "ese es el Estado de Derecho".
Gallardón, por su parte, ha reiterado que la posición del Gobierno es la de la Fiscalía, que entendió que sí que había una violación de las leyes españolas, que protegen la inviolabilidad del domicilio.
Preguntado si el Gobierno se plantea alguna reforma legislativa, ha replicaado que estudiará "toda la legislación" pero ha insistido en que las leyes españolas, y también el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), "garantizan que el domicilio no puede ser objeto de ningún tipo de agresión", tal como el Ejecutivo entiende que se produjo.
