El Partido Popular de Andalucía ha atribuido este lunes el recurso del Gobierno de la Nación contra el decreto ley de la Junta que permite la reapertura de la mina de Aznalcóllar (Sevilla) a que el Ejecutivo andaluz "se saltó algunos trámites" y "una serie de premisas necesarias" que debería haber consultado con el Ministerio de Medio Ambiente y que, sin embargo, no hizo porque prefirió actuar "de forma unilateral y sin contar con nadie".
Así lo ha dicho en rueda de prensa la vicesecretaria de Política Municipal del PP-A, Ana Mestre, quien ha criticado que el PSOE-A e IULV-CA estén intentando sacar "rédito electoral" de este recurso que el Gobierno central ha presentado "para garantizar que la reapertura de la mina se hace sin fisuras legales" y "preservando sin lugar a dudas el medioambiente".
Según ha argumentado, el "Gobierno no va contra Andalucía con este recurso ni contra la reapertura de la mina" de Aznalcóllar, sino que busca que se abra "con todas las garantías legales y medioambientales" porque tanto el PP-A como el Ejecutivo central están "a favor, como no podía ser de otra manera, de la creación de empleo" en la comunidad.
"Es por lo único que vela el Gobierno. No es contra nada ni contra nadie", ha apostillado Mestre, quien ha insistido en que el recurso responde a que la Junta se "saltó en su día todos los trámites" e hizo "un decreto ley de forma unilateral y sin contar" con el Gobierno de la Nación.
Cuestionada sobre qué trámites o permisos debería, a juicio del PP-A, haber pedido el Gobierno andaluz para que el central no presentara este recurso, Mestre ha dicho que son "una serie de premisas que son necesarias en las relaciones entre Gobierno y Junta por una serie de competencias" que, de no producirse, pueden provocar "vacíos o fisuras legales".
A la pregunta de si el Gobierno central intentó ponerse en contacto con la Junta para hablar de estas "premisas" antes de interponer el recurso, Mestre --que ha desvelado que el PP-A sabía que el Ejecutivo central estaba "estudiando" este recurso antes de que el viernes se presentara en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros-- ha dicho que eso son "cuestiones de relaciones institucionales" muy concretas que desconoce y que, en todo caso, ha sido la Junta la que no ha querido un "diálogo previo".
"Hay unas cuestiones que se deberían haber tratado con el Gobierno que no se han tratado y creemos que no se puede alardear de un diálogo para unas cosas y después hacer todo lo contrario", ha agregado la 'popular', para la que "lógicamente, cuando uno se salta, como se saltó en su día, todos los trámites y actúa de forma unilateral, eso tiene consecuencias, como es normal".
DE ACUERDO CON EL FIN, NO CON EL RESULTADO
La vicesecretaria de Política Municipal del PP-A también ha explicado, a preguntas de los periodistas, por qué el Grupo Parlamentario Popular sí apoyó con su voto en el Parlamento este decreto ley de la Junta ahora recurrido por el Gobierno de la Nación.
Según ha explicado, el PP-A votó a favor porque comparte "el fin" del decreto ley, que es la reapertura de la mina. Eso sí, ha apostillado Mestre, siempre un cuando esa "reapertura sea clara y transparente".
Tras insistir en que "no hay ningún otro motivo" detrás del recurso del Gobierno, la 'popular' ha apelado al "diálogo" y al "consenso" para "solucionar lo antes posible" este situación.
Así, ha mostrado la disposición del PP-A de "hablar de todo lo que haya que hablar con todos" aunque ha evitado comprometerse a que, como fruto de dicho diálogo, el Gobierno pueda retirar el recurso contra el decreto ley de la Junta. "Nosotros ofrecemos ese diálogo. Pero antes veamos el diálogo y, en función de ese diálogo, veremos lo que hacemos", se ha limitado a decir al respecto.
En ese sentido, ha pedido diferenciar la vía judicial que supone este recurso, que "sólo es para garantizar el buen fin de la reapertura de la mina", con la intención del PP y del Gobierno, que es crear empleo en la zona y que se abra la mina.
Por ello, Mestre también se ha mostrado "convencida" de que la reapertura de la mina será una realidad "con todas las garantías legales" y que el recurso del Gobierno no supondrá un aplazamiento 'sine die' de dicha apertura y oportunidad de creación de empleo. "Eso no será así porque no es la predisposición del PP", ha sentenciado.
