El Pleno del Consejo Económico y Social de Sevilla (CESS) ha aprobado este viernes la Declaración sobre la revitalización del Río Guadalquivir en la que se “exige voluntad política y cumplimiento de compromisos” para llevar a cabo el dragado en profundidad del río y en la que recuerda los perjuicios que causaría su retraso, entre ellos la pérdida de fondos europeos. Sin embargo, la declaración ha sido recibida con fuertes críticas por parte de Asaja, puesto que no se ha contado con la participación de agricultores y ganaderos, y se obvian las condiciones obligatorias a cumplir que establecía la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), a la que la CESS sólo hace referencia para afirmar que es su evaluación fue positiva.
La declaración del CESS defiende de forma vehemente la realización del dragado en profundidad por su valor económico, poniendo especial énfasis en la “actitud pasiva de las administraciones” que pone “en peligro la pérdida de importantes dotaciones presupuestarias concedidas ya por la Comisión Europea”, defiende que el proyecto de profundización es “medioambientalmente viable como recoge la evaluación positiva de la DIA” cuando no se incide en los márgenes sino en tramos necesarios, y apunta a la necesidad de que sea un proyecto participativo.
Apoyándose en las incidencias negativas que tendría su no aprobación (incidencia negativa ante la bajada de toneladas de transporte, posible salida de empresas y continuidad de planes industriales de entidades como Airbus, Renault, Portland Valderribas o Siderúrgica Sevillana), los miembros del CESS “exigimos voluntad política y cumplimiento de compromisos que son indispensables para el desarrollo industrial de Sevilla, el mantenimiento de las empresas y la generación de empresas”.
Aunque apuntan a otras infraestructuras necesarias para que el Puerto de Sevilla se convierta en el motor de la Marca Sevilla (acceso ferroviario en la Salud, SE-40, línea 4 del Metro, movilidad turística...), desde el CESS se muestran “convencidos de la viabilidad” de este proyecto y confían “no tener que esperar a finales del 2015”.
La reacción de Asaja
La redacción de esta declaración no ha sentado nada bien a los representantes de los agricultores y ganaderos, a quienes no se les ha pedido su participación para redactarlo. Desde Asaja Sevilla se han mostrado muy críticos con esta declaración, especialmente con las referencias a la DIA del dragado en profundidad, que recuerdan que establecía “condiciones obligatorias previas” a las que no se hace referencia, como es el estudio específico de las afecciones a Doñana, el perceptivo informe de su Patronato y los condicionantes sobre la protección de márgenes y fauna, puesto que la Comisión Científica desaconsejaba el dragado por la situación del estuario, “al borde del colapso”. De hecho, recuerdan las críticas vertidas por la Unesco al no incluirse estos condicionantes.
Pero si Asaja es crítica con los aspectos ambientales, no lo es menos con los aspectos económicos recogidos en la declaración, puesto que se pone especial énfasis “en los teóricos beneficios del puerto olvidando las grandes repercusiones, si no se corrige con medidas previas, que esta construcción tendría para el sector agrícola”. Según la organización, no se trata sólo del sector arrocero, que aún siendo el más afectado no sería el único, sino todas las producciones río abajo desde el casco urbano de Sevilla “por el más que probable incremento de la salinidad del estuario”.
De hecho, anuncian que exigirán “el escrupuloso cumplimiento de las medidas compensatorias ambientales y agrarias como requisito previo para cualquier actuación que ponga en peligro el equilibrio, ya delicado, del estuario del Guadalquivir, y el inicio del Proyecto de Modernización del sector arrocero, principal, pero no único sector económico perjudicado por el dragado”.
Además, critican el parapeto de la pérdida de fondos comunitarios, ya que consideran que “no debe servir en ningún caso de excusa ni cortapisa para actuar al margen de la legalidad, ni precipitar actuaciones sin las adecuadas compensaciones y garantías ambientales que exige la propia Unión Europea”.
Inciden en el hecho de que los empleos -128.000 directos más los indirectos de la industria agroalimentaria- que están “realmente en juego en este proyecto son los que se perderían en caso de una ejecución precipitada, sin compensaciones a los afectados y sin solucionar el problema de la salinidad”.
Tampoco incluye la declaración las enmiendas planteadas por IU, que hacían referencia expresa no sólo a la protección integral del estuario, sino a los últimos pronunciamientos de distintos organismos, incluido el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, que rechazan la realización del dragado en profundidad en las condiciones actuales y sin aplicar las medidas compensatorias incluidas en la DIA, al margen de la importancia del análisis que la Unesco realiza del estado actual de Doñana y su área de influencia.
