El jefe de la Policía Judicial sevillana ha asegurado hoy que no se encontraron "datos objetivos" para probar la acusación que hizo el exdirectivo de Mercasevilla Fernando Mellet al culpar al exdelegado de Empleo Antonio Rivas de ser el artífice de la petición de una comisión ilegal de 300.000 euros.
Durante su intervención como testigo en el juicio por las comisiones de Mercasevilla, el agente ha señalado que tuvo la impresión de que Mellet, en la que fue su primera declaración como imputado, fue "absolutamente sincero", pero que le sorprendió que nombrara a Rivas y "no ofreciera ningún otro dato".
"Estoy convencido de que Mellet en aquel momento decía la verdad, pero da un nombre y no aporta absolutamente nada", ha añadido el policía, quien ha confirmado que el exdirectivo de Mercasevilla acusó a Rivas de pedir esta "mordida" por la subvención.
Ha señalado que en ese testimonio Mellet dijo que "la idea" de pedir esas comisiones había sido de Rivas y que "insinuó" que habían mantenido algunas conversaciones telefónicas para la tramitación de los expedientes en los que se pedían estos pagos.
Ha asegurado que Mellet dijo que Rivas hizo la petición de comisión a empresarios del Grupo La Raza para otorgar la subvención para la Escuela de Hostelería en varias llamadas, una de ellas el día anterior a Reyes, y que se mostró "tajante" en ese sentido.
Según ha dicho, en un principio pensaron que lo que se oía en la cinta que grabaron los empresarios se trataba de un delito de estafa, aunque posteriormente, fruto del seguimiento de las investigaciones pensó que era una negociación y un "acuerdo de voluntades", aunque no se pudo comprobar este extremo.
En este sentido, ha indicado que tras un primer análisis de la cinta y en el proceso de dos años más de investigación se recibió posteriormente información de otras fuentes "que pudieron llevar a otra interpretación" de los hechos, con el "convencimiento de que se trataba de un acuerdo", pero que eso no pudo ser corroborado, además de que la investigación ya había pasado al ámbito judicial.
Ha dicho que incluso durante sus investigaciones oyeron que los empresarios habían pedido un préstamo a una entidad financiera para sufragar el pago, pero que tampoco pudieron constatarlo.
El policía ha asegurado además que desconoce si las llamadas para tratar el asunto las hizo Rivas a Mellet o fue al revés, ya que no lo investigaron porque para pedir el registro hay que tener un mandamiento judicial basado en "argumentos sólidos" que no tenían.
Asimismo, ha señalado que Rivas negaba tener ningún tipo de participación en este asunto y que el exdirectivo de Mercasevilla Daniel Ponce también dijo en su primera declaración como imputado que su jefe, en referencia a Mellet, le había dicho que era "un encargo" del exdelegado de Empleo.
Ponce, que sufrió un desmayo tras escuchar la cinta grabada, dijo en su declaración que cuando Mellet le planteó el asunto le dijo que ya estaba "pactado" y hablado con la Junta y los empresarios del Grupo La Raza, según el jefe policial.
En la sesión del juicio de hoy, también han comparecido los ex directores generales de Formación para el Empleo de la Junta de Andalucía Juan Manuel Fuentes Doblado y María Josefa Lara, que han negado que recibieran presiones de Rivas para conceder una subvención de 900.000 euros a la Escuela de Hostelería.
Fuentes Doblado ha dicho que, por su experiencia en subvenciones anteriores, entendió que esa cifra era "correcta" para una solicitud de equipamiento y ha asegurado que el interés de Rivas era meramente el de dar cumplimiento a un protocolo de actuación que había firmado el exconsejero de Empleo Antonio Fernández, del que además ha dicho que no recibió ordenes para tramitar la subvención.
Por su parte, Lara ha afirmado que no supo de instrucciones de Fernández a Rivas para llevar a cabo la comisión, y que este último no tenía nada que ver con la tramitación de los expedientes porque era competencia exclusiva de la Dirección General de Formación para el Empleo de la Junta de Andalucía.
El juez Ángel Márquez ha admitido la incorporación de tres presupuestos, aportados por el PP, sobre la subvención de 900.000 euros para la Escuela de Hostelería, pero ha rechazado la incorporación de una funcionaria sobre los gastos de infraestructuras.
La prueba que apunta a Rivas
El PP, que ejerce la acusación en el juicio por la petición de comisiones en Mercasevilla, ha aportado tres documentos que, según afirma, demuestran que Antonio Rivas, exdelegado de la Consejería de Empleo en Sevilla, “tenía pactada” un año antes una ayuda de 900.000 euros para la Escuela de Hostelería.
El abogado del PP ha aportado por sorpresa tres documentos que afirma haber encontrado “hoy mismo” entre la documentación que Mercasevilla ha enviado a la jueza Mercedes Alaya, dentro de las diligencias de un delito societario en el mercado.
Se trata de la petición de subvención que Mercasevilla presentó en diciembre del 2006 a la Delegación que dirigía Rivas y dos borradores de convenio para la creación de una Escuela de Hostelería, el último de ellos de diciembre del 2007 y a cuyo pie figura Antonio Rivas como firmante, aunque sin su rúbrica. Él mismo aclaró después que el borrador fue redactado por Mercasevilla y no por la Junta.
Los documentos son anteriores a la concesión de una subvención de 900.000 euros de la Junta a la Escuela, que sirvió para pedir al Grupo La Raza la comisión de 450.000 euros como condición para gestionar la iniciativa.
Rivas negó en su declaración ante el jurado haber intervenido en la tramitación, pero el abogado del PP ha dicho al tribunal que estos documentos demuestran que “desde 2006 tenía pactada la subvención”, otorgada en diciembre del 2008.
Los documentos han sido aportados cuando se encontraba declarando como testigo el exconsejero de Empleo Antonio Fernández, quien acababa de decir que Rivas “por ley ni tramita, ni propone, ni aprueba ni reintegra” subvenciones.
A un abogado que le preguntó si le parecía normal que Rivas hubiese celebrado cinco reuniones sobre dicha escuela, ha contestado que “a un delegado que, teniendo 40.000 parados en la hostelería de su provincia, no se reúna cinco veces, lo destituyo”.
Estos documentos han elevado la tensión en la sala, con quejas de los defensores por esta “grave deslealtad procesal” del PP, que ha zanjado el presidente del jurado diciendo que los acepta como prueba puesto que afectan al objeto del juicio, pueden servir para “valorar la credibilidad del testigo” y aunque “no están firmados, pueden ser corroborados por otras pruebas”.
Amparo de Fernández
Instantes antes, Fernández había pedido amparo al juez cuando el abogado del PP, Luis García Navarro, le preguntó si era él quien había ordenado pedir la “mordida” al Grupo La Raza, una “imputación que me indigna y atenta contra mi honor”, ha dicho el exconsejero.
Además, ha afirmado que la petición de esa comisión fue la primera de la que tuvo noticia en sus quince años como cargo público y que su descubrimiento le produjo “sorpresa y enfado”.
Los defensores han protestado también cuando el letrado del PP ha preguntado a Fernández por su imputación por los ERE falsos que lo mantuvo cuatro meses encarcelado. Las defensas han dicho que la pregunta es “una forma de presionar al testigo” pero el magistrado presidente la ha considerado pertinente y Fernández ha contestado que el está imputado “junto a otros 69 ciudadanos andaluces”.
También ha comparecido Juan Gallo, ex director general de la Consejería de Presidencia de la Junta, a quien los empresarios denunciantes comentaron la petición de una comisión de 300.000 euros que “debían detraer de la subvención de 900.000 euros” y les aconsejó buscar pruebas, por lo que decidieron grabar su siguiente entrevista con los acusados.
Lanzas representaba a todos
El conseguidor de los ERE y exsindicalista Juan Lanzas ha admitido que prestaba sus servicios para el grupo empresarial La Raza y para Mercasevilla, a pesar de que ambas partes lo han negado, aunque ha dicho que no cobró nada por esta labor de “asesoramiento”.
Durante su declaración como testigo en el juicio, Lanzas ha relatado que estuvo presente en dos reuniones en la Delegación Provincial de Empleo en Sevilla donde se trató el asunto de la escuela de hostelería de Mercasevilla, y que a estos encuentros asistía “de parte de La Raza y de Mercasevilla”.
En este sentido, ha relatado que mantenía una relación “profesional” con el exdirector general Fernando Mellet desde 2006, a cuenta “del asesoramiento sobre un ERE”, aunque “lo conocía de antes porque me había hecho varias consultas”.
Ha relatado que, en el marco de esa relación “profesional”, Mellet le llamó “para preguntarme qué me parecía la idea de una escuela de hostelería”, tema sobre el que “tengo cierto conocimiento”, por lo que “le di tres consignas”, como son “el sitio para hacerla; que buscara gente que conociera el ramo de la hostelería, y que solicitara ayudas públicas, pues como se metiera él solo se iba a arruinar”.
Zoido: la Junta ha hecho “muy poco”
El presidente del PP andaluz, Juan Ignacio Zoido, ha señalado que la Junta “ha venido haciendo muy poco para el esclarecimiento de los hechos” en el caso Mercasevilla y ha asegurado que el Gobierno regional “no fue lo suficientemente diligente” para averiguar lo que ocurrió.
Zoido ha destacado que las distintas resoluciones judiciales hablan de la existencia de una trama y ha recordado que a raíz de la investigación se abrió la causa general sobre los intrusos en los ERE’s.
Para Zoido es Juan Gallo el que debe explicar lo que hizo con la cinta, aunque ha resaltado que es “curioso” que éste se la entregara directamente al expresidente Manuel Chaves, preguntándose por qué la Junta “se limitó” a llevar una copia a la Fiscalía “en lugar de haber hecho la investigación primera”.
