De 9 meses a dos años puede tardar en celebrarse un juicio por un despido en Sevilla, que además es “preferente y sumario” y aunque esa sea la demora media, lo cierto es que en torno al 25% de las demandas laborales interpuestas en 2021 en la jurisdicción de lo Social se han señalado para 2024, un 15% para 2025 y un 5% para el año 2026.
Es la prueba de que la justicia laboral, la Jurisdicción Social, es la “pariente pobre” de toda la Administración, cuyo colapso no sólo afecta a los propios trabajadores, sino también a las empresas y al propio Estado si finalmente tiene que pagar parte de los salarios de tramitación.
Sevilla es la tercera provincia más grande de España y cuenta sólo con trece juzgados de lo Social, con el que se inaugura oficialmente este mismo lunes, que atiende a una población de 1,9 millones de personas y a un tejido empresarial muy diverso para el que se necesitarían, como mínimo, entre 16 y 18 juzgados, pero en los últimos 21 años, sólo se han creado dos.
Por comparar, en Madrid en ese mismo periodo de tiempo se han creado cinco (tiene 37 y no sólo en Madrid capital), mientras que en Málaga, por ejemplo, que también concentra esta jurisdicción en la capital, ya cuenta con 16 juzgados de lo Social.
Problema endémico
“El problema en Sevilla es endémico y estructural. Cierto que la pandemia ni ha ayudado pero con la colaboración de todos, jueces, funcionarios, abogados, se ha solventado, sólo ha provocado un tampón temporal”, explica José Moreno, abogado laboralista del despacho Parrado Asesores, que afirma que la solución pasa por más recursos.
“Hay que crear nuevos juzgados y dotarlos a todos de más funcionarios”, aunque reconoce que la mayoría de las instituciones, incluido el Consejo General del Poder Judicial, “se lava las manos” y la jurisdicción de lo Social “sigue siendo el pariente pobre de otras áreas de gobierno”.
“Cuando tú inauguras un monumento o un parque infantil, todo el mundo va, la prensa va y el político de turno se apunta el tanto, pero cuando se inaugura un juzgado, eso no vende”, se lamenta.
Ciudad de la Justicia
Sobre la futura Ciudad de la Justicia de Sevilla en Palmas Altas, Moreno reconoce que, en líneas generales, este tipo de instalaciones “funcionan bien, es un acierto y un ahorro de tiempo y de dinero”, al margen del empleo y riqueza de forma indirecta que se genera con esa concentración.
Aunque Moreno matiza: “No sé hasta qué punto compensa hacer semejante inversión si nos problemas van a prevalecer con 13 juzgados. Preferimos más juzgados en el Noga que un edificio de superdiseño. Si no se mejora la situación, es una huida hacia adelante”.
Los perjuicios
Los datos que baraja este despacho de abogados reflejan el colapso que sufre la jurisdicción laboral en la provincia de Sevilla: más del 25% de las demandas interpuestas en 2021 se han señalado para 2024, un 15% para 2025 y hasta un 5% para el año 2026.
Según los datos que han recopilado, la demanda “estrella” es la del despido, del que destaca que si se debate la posible nulidad, su improcedencia pero sin readmisión, los costes que deriva pueden perjudicar no sólo al trabajador, por la “incertidumbre” temporal que además podría derivar en un “mal acuerdo” para no esperar, sino para la empresa, que en una pyme puede dejar “en números rojos” si debe pagar de 12 a 18 meses de salarios de tramitación, o del Estado, que abonaría a partir de los 90 días la cuantía si el trabajador tiene derecho a ello.
Tras los despidos, las otras demandas más habituales son la modificación sustancial de las condiciones de trabajo, que son de aplicación automática y el trabajador debe conformarse con el cambio de horario o jornada mientras sigue el proceso judicial; la conciliación laboral, ahora muchos de ellos vinculados a la Covid; y los positivos por coronavirus, que ahora son una “prueba de buena fe”, que obliga a un aislamiento temporal y que a veces es “difícil de acreditar”.
Los graduados sociales reclaman inversión para evitar el colapso
El Colegio Oficial de Graduados Sociales de Sevilla, con motivo de la celebración del Día Mundial de la Justicia Social que se ha celebrado este domingo, ha reclamado la necesidad de seguir invirtiendo con firmeza en justicia para evitar el colapso que sufren todas las jurisdicciones y, en especial, la jurisdicción social con señalamientos de juicio para 2026.
José Ramón Barrera, presidente del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Sevilla advierte que “una justicia lenta jamás será una justicia real y efectiva al servicio de la ciudadanía. Aunque ya se están dando pasos, como podemos ver con la creación del Juzgado de lo Social nº 13 de Sevilla que se inaugura este lunes, siguen siendo necesarios muchos más medios, tanto humanos como técnicos, para mejorar el colapso que sufre la jurisdicción social”.
“Desde el Colegio Oficial de Graduados Sociales de Sevilla siempre hemos estado predispuestos y hemos colaborado de manera activa con todas las administraciones públicas para buscar soluciones a esta situación que agilicen el estado de la justicia y sea una auténtica Justicia Social”, añade Barrera.
Barrera recuerda que, “si todas las jurisdicciones tratan temas sensibles, quizás la Jurisdicción Social sea la que más sensibilidad conlleva; siendo un pilar fundamental que compone el estado social y de derecho. Estamos hablando que se tratan asuntos como son salarios impagados, indemnizaciones por despido, prestaciones de seguridad social, etc. Temas que deberían resolverse con celeridad, pues hablamos del sustento económico de las familias. Todo esto no hace sino poner más piedras en el camino de nuestros autónomos, pequeñas empresas y trabajadores en esta difícil situación que ha agravado la pandemia”.
“Debemos reivindicar un trato justo de las administraciones publicas porque están al servicio de los ciudadanos y solo a través de una buena comunicación y armonía con esta conseguiremos que impere la Justicia Social, lo que redundará en un mayor beneficio para la sociedad, con empresas más fuertes, contratos más estables y mejores salarios. Y los Graduados Sociales debemos ser el puente de unión y colaboración entre administración, empresa y ciudadanos, como hemos demostrado durante la pandemia”, concluye Barrera.
