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Sanlúcar

Junta, Estado y Ayuntamiento se enzarzan por el cobro del canon de las Carreras de Caballos

El delegado territorial de Turismo lamenta que el evento se vea inmerso en una trifulca entre administraciones, el Ayuntamiento defiende el carácter no lucrativo de las Carreras y el subdelegado del Gobierno recuerda que Costas cumple con la ley al cobrar el canon

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Junta de Andalucía, Demarcación de Costas y Ayuntamiento de Sanlúcar son los protagonistas de un nuevo episodio más de la polémica sobre el cobro del canon que la Demarcación de Costas ha exigido este año al Consistorio por la celebración de las Carreras de Caballos en la playa.

La polémica surgió el pasado mes de noviembre, al recibir el Ayuntamiento la resolución de Costas en la que exigía más de 12.000 euros por la celebración de este evento en un espacio que pertenece al dominio público marítimo terrestre, sobre el que la Ley del 88 y, porteriormente, el decreto de los años 90, establece la cobranza de un canon en función del carácter lucrativo o no de la actividad realizada en la playa. El Ayuntamiento mostró entonces su desacuerdo y aludió a los estatutos de la Sociedad de Carreras de Caballos para demostrar que la entidad no tiene carácter lucrativo y que, por tanto, no cabría el cobro de ese canon.

Sin embargo, desde Costas sostienen que es la Junta de Andalucía -desde que en 2011 adquirió las competencias en la gestión del dominio público marítimo terrestre- y el Ayuntamiento de Sanlúcar quienes establecen en su Plan de Explotación de Playas el carácter lucrativo o no de estas actividades, defendiendo que el canon se giró al Consistorio en función de la documentación remitida a Costas por la Junta. "La resolución de la Junta del 14 de agosto de 2012 estableció, en función de la documentación y la calificación del Ayuntamiento de Sanlúcar, el uso lucrativo de determinadas instalaciones que existen en la Sociedad de Carreras de Caballos de la localidad", volvía a afirmar a principios de esta semana el subdelegado del Gobierno en Cádiz, Javier de Torre.

Desde un primer momento, la Junta de Andalucía pidió a Costas la supresión de ese canon, aludiendo a los excepcionales tiempos de crisis. El subdelegado del Gobierno aseveró la semana pasada, en un encuentro con los directivos de la Sociedad de Carreras de Caballos, que el Estado no podía hacer "dejación de funciones" dejando de cobrar ese canon aunque sí anunciaba una reducción de la cuota, de poco más de 3.100 euros, tras haber presentado el Ayuntamiento de Sanlúcar las alegaciones oportunas. El Consistorio ha anunciado que presentará nuevas alegaciones hasta reducir la cifra a cero, defendiendo que las Carreras de Caballos no tienen un crácter lucrativo, como así consta en sus estatutos y en el dossier anexo al Plan de Explotación de Playas, en el que aparece un informe financiero de la celebración del evento, que cifra en cero los beneficios de su organización, por lo que no tendría carácter lucrativo.

El enfrentamiento entre las tres administraciones podría acabar incluso en los tribunales, ya que desde la intervención de Costas están investigando los motivos por los que desde 2008 no se había venido cobrando ningún canon en la provincia de Cádiz. Una responsabilidad que el subdelegado del Gobierno achaca al ex jefe de la Demarcación de Costas y actual delegado territorial de Medio Ambiente, Federico Fernández.

Así las cosas, el delegado territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio de la Junta de Andalucía en Cádiz, Manuel Cárdenas, criticaba este fin de semana que un evento turístico de relevancia internacional como las Carreras de Caballos de Sanlúcar se viera inmerso en una "trifulca entre administraciones". Para Cárdenas, el asunto "no es una cuestión puramente administrativa relacionada con la normativa, sino que es una decisión y una voluntad polítia del Gobierno de obstaculizar un evento tan importante". Unas palabras de las que el subdelegado del Gobierno, Javier de Torre, ha salido al paso reprochando a Cárdenas que desconozca que desde 2011 la competencia en materia de la gestión del dominio público marítimo terrestre corresponde a la comunidad autónoma y, en función de la información que aportan los Ayuntamientos, la Junta dicta una resolución que determina exactamente si los isos serán lucrativos o no. "El delegado sí sabe a quien tiene que pedirle explicaciones y no es precisamente a Costas", afirma De Torre.

La parlamentaria andaluza y candidata popular a la alcaldía de Sanlúcar, Ana Mestre, también se ha sumado a la polémica, responsabilizando directamente al Ayuntamiento de Sanlúcar y mostrando públicamente los documentos de la Junta de Andalucía en los que se recoge la celebración de las Carreras de Caballos en laplaya como una actividad lucrativa.

Desde el Ayuntamiento, el concejal socialista Ramón Rodríguez, reprocha a Mestre que defienda el establecimiento de un canon para la celebración del evento, al tratarse de "un acontecimiento esencial desde el punto de vista patrimonial, económico y de generción de empleo para la ciudad". El edil sostiene que el Ayuntamiento pide a la Sociedad de Carreras de Caballos un informe económico financiero, que remite a la Junta de Andalucía. “En este informe queda muy claro que no tiene ánimo de lucro, que sus ingresos son iguales a sus gastos, esto es, no se trata de un negocio.  El Ayuntamiento, bajo ningún concepto, ha dicho jamás que en esta actividad hay ánimo de lucro, sino todo lo contrario", aclara e insta al PP a aclarar con el colectivo si cree que tiene ánimo de lucro. “El Ayuntamiento, en este punto, ni entra ni sale, sencillamente recibe un informe de la Sociedad de Carreras y lo remite tal cual a la Junta”, ha explicado Rodríguez, al tiempo que ha criticado a la candidata popular. “A esta señora la han colocado de candidata en esta ciudad, como podía haberlo sido de Chipiona, Trebujena o Rota. Todo ello, junto a su desconocimiento de la realidad sanluqueña, de sus necesidades y de sus gentes, la llevan a mantener posturas que van claramente en contra de los intereses de sus ciudadanos”, ha dicho.

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