"En la civilización industrial avanzada prevalece una ausencia de libertad cómoda, suave, razonable y democrática". Herbert Marcuse, en El hombre unidimensional.
La libertad es uno de los valores que pregonan los sistemas democráticos como eje básico. El artículo primero de la Constitución dice: "España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político". Son muchos los artículos de nuestro texto constitucional que aluden al término libertad: se protege de forma expresa la libre actuación de los partidos políticos, de los sindicatos, el libre desarrollo de la personalidad de los ciudadanos, obliga a los poderes públicos a "promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas", se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto, se consagra como derecho fundamental la libertad, la libre elección de residencia, la libre entrada y salida de España, expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones, la libertad de cátedra, comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión, libertad de creación de centros docentes, derecho a sindicarse libremente, libre elección de profesión u oficio, la libertad de empresa y, para terminar el repaso de nuestra Constitución, "los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal". Libertad, mucha libertad para todo, libertades y ejercicio libre de nuestras opciones y decisiones vitales. Pero hoy me cuestiono, ¿realmente somos libres o Marcuse llevaba razón y vivimos una ausencia de libertad razonable y, digo más, imperceptible bajo la apariencia de una democracia que nos hace vivir cómodos y, por ello, ni nos planteamos si en verdad somos del todo libres?
LA VERDAD es un valor difícil de preservar porque no siempre es absoluta, tiene matices y, además, el filtro de la subjetividad está ahí. Si dos personas cuentan una vivencia común, seguro que el relato de cada uno difiere en, al menos, detalles, valoraciones, sensaciones... Pero la mentira es otra cosa, la mentira pura y dura no tiene matices, sencillamente es incierto lo que se dice de forma deliberada y consciente con el objetivo de engañar sobre uno mismo o de hacer daño a otro. Lo que aplicado a la política adquiere gravedad porque si elegimos a nuestros representantes con un criterio mal formado por las mentiras, esa elección no es libre. Mentira y democracia es una mezcla explosiva. Un dictador se sabe lo que es, se sabe que miente y manipula, se sabe que coarta la libertad de opinión y de elección, pero en un sistema democrático nos apuntamos a creer los axiomas que unos y otros nos repiten: "La democracia nos garantiza la libertad, la justicia y la igualdad" y ni nos planteamos si nos están mintiendo. Nos gusta el discurso democrático, vivimos felices creyéndonos libres. Es como vivir en un desierto permanentemente en el espejismo de las palmeras cocoteras rodeando una preciosa laguna de agua azul turquesa, cristalina.
Políticos mentirosos han existido siempre, como medios de comunicación con líneas editoriales dirigidas de forma tendenciosa, pero en gran medida reconocibles. El problema es otro, el de una sociedad cuya vida está inmersa en las redes y éstas son un semillero a la creación y divulgación de mentiras y alrededor de éstas crece el deleznable oficio del profesional del engaño. Trileros. Las redes sociales se han convertido en un terreno pantanoso donde naufraga la verdad, ahí se presta poca atención a preservarla, se castiga lo justo a quien la atenta; las llamadas fake news nos abrasan y, lo que es peor, se convierten en el sistema preferido de un sector de políticos que usando noticias falsas o medias verdades, que son mentiras a medias, se hacen hueco en la opinión pública gracias a que la mantienen en alerta tensando a una comunidad de usuarios que son, no hay que olvidarlo, votantes. Otra pregunta: ¿hasta qué punto un político es responsable cuando lanza o divulga un tuit y éste tiene como claro objetivo intoxicar a un tercero o dañar una imagen personal o situación y lo hace a sabiendas de que divulga un contenido no fiable? ¿En qué le convierte esa manera de proceder? ¿Y a su partido?
Habría que diferenciar entre lo que es un político profesional y un aprendiz.Desgraciadamente de los primeros cada día quedan menos, aquellos que argumentan en sedes parlamentarias o cabildos plenarios e, incluso, no descartan la posibilidad de ser convencidos por otros; personas cuya vocación pública les hace partir de ese principio y de unos códigos morales muy alejados de airear falsedades a sabiendas de que lo son. Políticos, en definitiva, que transitan dentro de líneas rojas. El aprendiz es otra cosa. Su primer error es pensar que es más listo que todos los demás y habla mucho porque, sobre todo, gusta oírse porque en el hilo de su voz encuentra un casi suspiro orgásmico. Si el político profesional sabe que todo necesita de su tiempo, como el buen guiso que hierve lento y requiere después de cierto reposo, el aprendiz es esclavo de lo inmediato, del clucbait -anzuelo de clicks-, del retuiteo, creciéndose cada vez que presencia como su mentira circula rápida entre ciudadanos incautos y crédulos.
En este tiempo es más importante que nunca la evaluación de las fuentes de información y que estas establezcan una información precisa. Un informe de la Consultora Gartner señala que para el 2022 -en cinco años- en los países en desarrollo la mayoría de la gente va a leer más noticias falsas que reales: ¿cómo influye eso en la política y en la democracia? La UE ha puesto en funcionamiento un sistema de alerta rápida contra la desinformación mediante una plataforma tecnológica que detecta informaciones falsas o manipuladas de manera que el ciudadano reciba de manera casi instantánea el desmentido, pero si bien esta solución parece factible para determinados asuntos de carácter internacional y de peso no resulta, a priori, útil en el ámbito local ante la constante manipulación de la verdad en hechos cotidianos y que son fácilmente demostrables pero que inundan redes y teléfonos, a través de wasphapp: en diez años de vida en España tiene 25 millones de usuarios y este pasado enero decidió reducir el número de remitentes de mensajes al mismo tiempo de veinte a cinco para combatir la difusión de noticias falsas. Tal es el conflicto en esta materia porque un partido, por ejemplo, se hace con la base de datos de todos los miles de empleados municipales de un gran ayuntamiento y una mañana lanza una información claramente manipulada a éstos y logra, en un minuto, influir negativamente sin coste alguno, ni económico, ni moral.
Escribía mi admirado Eric González -sus Memorias líquidas son un placer para los amantes de este noble oficio y de la lectura-, en El País sobre Roger Ailes como el hombre que hizo de las fake news un arte porque demostró que en el éxito político pesan poco las ideas y mucho la crispación y el espectáculo: "Tienes dos tipos sobre un escenario -decía Ailes-. Uno de ellos anuncia una solución para los problemas de Oriente Próximo. El otro se cae en el foso de la orquesta. ¿Cuál de los dos crees que aparecerá en el telediario de la noche?". No hay que obviar, por tanto, el segundo gran problema de la cuestión y es un público receptor que compra antes el tropezón en el foso que la solución en Oriente y esta debilidad es la que usa el manipulador para alcanzar sus endemoniados clicks.
Macron y Putin han planteado aprobar una Ley que persiga las noticias falsas con condenas incluso de cárcel. En el caso de Macron sólo para el periodo pre electoral y electoral con el objetivo de preservar la manipulación de la decisión libre del ciudadano ante su voto, garantizando así su libertad de elección. En ambos Estados se ha producido un amplio debate, con la crítica y el rechazo de los que ven en esas Leyes un atentado a la libertad de expresión. En nuestro país, la Ley de Prensa e Imprenta impulsada por Fraga y aprobada en 1966 eliminó la censura y establecía como límites a la libertad de prensa "el respeto a la verdad y a la moral; el acatamiento a la Ley de Principios del Movimiento Nacional y demás Leyes Fundamentales; las exigencias de la defensa nacional, de la seguridad del Estado y del mantenimiento del orden público interior y la paz exterior; el debido respeto a las instituciones y a las personas en la crítica de la acción política y administrativa; la independencia de los Tribunales y la salvaguardia de la intimidad y del honor personal y familiar". Limitaciones que leídas en su literalidad parecen lógicas, pero el problema fue que quedaba en manos del gobierno la decisión de si una noticia atentaba contra alguna de esas limitaciones, lo que hizo que de libertad de expresión nada de nada.
Nuestra Constitución dice que garantiza el derecho al honor y a la intimidad personal y afirma que "la Ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos." Y, además, determina que reconoce el derecho y lo protege "a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión". Por lo tanto, sería constitucional una regulación que ponga en manos de los jueces, no del gobierno, un sistema rápido y eficaz para combatir las noticias falsas, las mentiras, las medias verdades y los ataques al honor y dignidad personal, preservando con ello estas lesiones que sufren las víctimas de la mentira, que con suma impotencia ven como no pueden luchar contra ella porque la mentira y el mentiroso no encuentra sanción en esta sociedad. Y, además y sobre todo, devolviendo a la VERDAD al pedestal del que nunca debió bajar, aunque sea más aburrida, protegiendo de paso nuestra formación de la opinión, criterio y libre elección sobre premisas y circunstancias no distorsionadas por esas mentiras que navegan impunemente por las redes para beneficio de quienes las elaboran. En definitiva, un sistema legal que permita a los jueces y tribunales proteger de forma rápida nuestro honor y nuestra libertad de opinión. Quien se ampara en el derecho fundamental de libertad de expresión para dañar deliberadamente no debería tener ningún amparo legal, como tampoco quien se escuda en el derecho fundamental de la libertad sindical para engañar a los trabajadores o quien se ampara en la libertad del ejercicio político para mentir a los ciudadanos. Esto no es ir en contra de la libertad, es protegerla de quienes con la mentira la limitan y se antoja urgente proponer antídotos para evitar el deterioro de una democracia infectada hoy por el virus de la mentira.
