El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha dictado la primera condena contra el Gobierno andaluz, que preside la socialista Susana Díaz, por el pufo de los consorcios escuela que investiga la juez de Sevilla Mercedes Alaya, en el marco de las investigaciones sobre el presunto fraude de la formación. Finalmente la Junta ha resultado condenada por las irregularidades en los consorcios escuela públicos.
Concretamente el alto tribunal andaluz aprecia fraude de ley y declara nulos los despidos de varios trabajadores del Consorcio Andaluz de Formación Ambiental para el Desarrollo Sostenible (Formades) de Huelva. El citado ente, junto al Centro de Formación en Comunicaciones y Tecnologías de la Información (Forman), de Málaga; y el Centro de Formación en Técnicas Industriales (CTI), en San Fernando, está disuelto desde el 28 de enero de 2014, cuando el Consejo de Gobierno presidido por Díaz instó la disolución de tres consorcios. Aunque públicamente se esgrimieron otras razones, la Junta los disolvió por las sospechas de fraude.
La condena a la Junta de Andalucía por la existencia de un fraude en el primero de los tres consorcios disueltos vuelve a poner en evidencia que el cierre del CTI isleño y la supuesta utilización irregular de ayudas millonarias para la formación, están más que nunca en el punto de mira de la Justicia.
Mientras todo esto sucede, el actual gobierno municipal de PA-PSOE tan sólo se ha pronunciado sobre el asunto para, a través de la alcaldesa, Patricia Cavada, mostrar su satisfacción por lo que consideraba una "sentencia" contra el Ayuntamiento de San Fernando y a favor de la Junta de Andalucía respecto a la 'espantada' de la administración autonómica del consorcio que gestionaba el CTI. La marcha de la Junta, que controlaba el 90 por ciento del accionariado, dejó en la estacada al Ayuntamiento, el socio menor -sólo con un 10 por ciento- endosándole a su vez una deuda que podría alcanzar ya los cinco millones de euros.
Desde el PP se recriminó que el gobierno controlado por la socialista Patricia Cavada se posicionara con tanta vehemencia contra el propio Ayuntamiento que ahora preside y a favor de la Junta de Andalucía que, por otro lado, ha sido la administración para la que Cavada ha estado trabajando hasta el pasado 13 de junio.
"La actualidad manda y todavía no hemos escuchado un pronunciamiento claro del gobierno de Cavada y Fran Romero sobre el CTI. Lo que ha sucedido con el CTI, las circunstancias que llevaron al inesperado cierre del mismo y el resultado que depare la investigación judicial en curso, es un tema que nos preocupa a todos los isleños y debería ocupar al gobierno local. No en vano está en juego un supuesto fraude millonario, de una magnitud desproporcionada, y al que el Ayuntamiento de San Fernando tendría que hacer frente de manera injusta por la actitud que hasta el momento ha demostrado la Junta de Andalucía", se afirma desde el PP.
Es por ello que los populares reclaman un posicionamiento "claro y urgente" del ejecutivo PA-PSOE. "Queremos saber de qué lado va a estar Cavada, si de los isleños o de sus compañeros de la Junta. Y sobre todo es necesario que haga públicas las acciones que va a llevar a cabo su gobierno para impedir que la ciudad se vea abocada al pago de una deuda millonaria que no nos corresponde y dejaría en banca rota las arcas municipales".
