En rueda de prensa, Pedro Jiménez ha matizado que el delito contra el medio ambiente se podría estar cometiendo, ya que los residuos contaminantes procedentes de Sines, en Portugal, y de Parma, en Italia --casi 10.000 toneladas de cenizas de fuel-oíl y de escombros contaminados--, tras llegar al puerto de Sevilla, "van directamente hacia el vertedero de residuos de Nerva, sin que el material haya sido tratado e inertizado en la planta de Palos de la Frontera", teniendo en cuenta, según ha asegurado el coordinador, que todo material proveniente de países de la Unión Europea "tienen que estar perfectamente controlados por las administraciones españolas".
Sin embargo, tal y como ha precisado Jiménez, "a su vez se han falsificado documentos, como los libros de salida y entrada de los materiales inertizados, así como los asientos informáticos de la empresa", a lo que ha añadido que "se está certificando de manera falsa la recesión de materiales".
Respecto al tercer delito, el de estafa, el coordinador provincial ha asegurado que Befesa "ha estado facturando como si estos materiales hubieran llegado a la planta de Palos y después a Nerva, y esto no ha sido así". En el escrito presentado a la Fiscalía ofrecen toda la documentación que precise el fiscal, así como la colaboración de IULV-CA "para evitar este fraude".
"DESPIDO DE 12 TRABAJADORES"
En cuanto a la Planta de Tratamiento y Valorización de Befesa en Palos de la Frontera, Jiménez ha asegurado que en 2010, Befesa "despidió a 12 trabajadores, trasladó a dos a otra planta y dejó solo a otros dos --el jefe de turnos y el de proceso-- en la citada planta palerma", indicando además que no entienden "cómo esta planta puede seguir abierta sin personal fijo cualificado y sin personal ni jefe en el laboratorio".
Por todo ello, espera que la Fiscalía "intervenga porque se trata de una cuestión de extrema gravedad", motivo por el cual, IU, tal y como ha manifestado Jiménez, "llegará hasta el final a pesar de las presiones y amenazas porque no se puede permitir que, para obtener mayor beneficio económico, se salten la ley a la torera", una ley por la que la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía "debería estar muy vigilante", algo que puso en duda el coordinador de IU.
Por último, Jiménez ha asegurado que estos hechos los presentarán en breve al Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) para que también tome cartas en el asunto, así como tomarán iniciativas de carácter político para pedir acciones que deben hacerse desde el Gobierno andaluz, con el fin de evitar los hechos planteados, por lo que espera que el consejero de Medio Ambiente, Juan José Díaz Trillo, responda "con la mayor brevedad posible si la planta reúne las condiciones para seguir funcionando".
