La Fiscalía ha mantenido su petición de cinco años de cárcel y nueve de inhabilitación absoluta para el guardia civil acusado en Granada de un presunto delito de revelación de secretos por consultar y filtrar datos policiales de investigados en una causa vinculada al blanqueo de capitales.
El Ministerio Público, que también ha mantenido la petición de cinco años de prisión para el otro acusado, un antiguo compañero del cuerpo ahora en excedencia voluntaria, ha planteado también una pena alternativa de multa, según han precisado a Europa Press fuentes del caso.
Durante la última sesión del juicio, que ha quedado visto para sentencia, ha declarado en calidad de testigo un guardia civil del subsector de Tráfico de la Comandancia de Granada, al que pertenece el agente acusado; el cual ha dicho que la aplicación informática en la que supuestamente su compañero consultó datos policiales para los que no tenía autorización se queda abierta durante horas por defecto, si no es cerrada de forma intencionada y manual.
De este modo, es habitual que los agentes usen indistintamente el sistema con los accesos de otros compañeros si está ya abierto cuando entran en él.
Para la defensa del guardia civil procesado, que ejerce el letrado Carlos Aránguez, este extremo evidencia que los accesos que se le achacan a su cliente los pudo hacer "cualquiera", sin que exista a su entender "ninguna prueba que le vincule directamente a él con los hechos de los que se le acusa", por lo que pide la libre absolución.
El agente ha hecho uso de su derecho a la última palabra para volver a defender su inocencia, como ya hiciera en su declaración ante el tribunal, destacando que tiene 34 años de servicio con una hoja "impecable" y, tras hacer hincapié en el sufrimiento que esta causa ha provocado en su familia, ha precisado que en este tiempo no se ha dado de baja y ha mantenido el mismo nivel de acceso a los datos del cuerpo, sin que se le haya impuesto ninguna medida restrictiva.
Según consta en el escrito de acusación del Ministerio Público, el cabo acusado en la causa, que estaba destinado en el subsector de Tráfico de la Comandancia de Granada, consultó en febrero de 2012 los datos policiales de personas a las que representaba su compañero, que ejercía como abogado y también está acusado, a través del terminal informático del cuerpo.
Supuestamente, consultó el aplicativo policial SIGO, que recoge información de operaciones policiales en curso, a las que no tenía autorización de acceso y comunicó los datos por teléfono a su antiguo compañero, que a su vez los remitió por correo electrónico a su cliente, que de este modo pudo conocer su estado policial.
Investigaciones posteriores en la aplicación SIGO permitieron conocer cómo, según el relatado del fiscal, se habrían producido otras consultas en meses anteriores desde el terminal de la Agrupación de Tráfico de Granada para conocer datos policiales vinculados a esta misma persona.
