La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Granada acogerá los días 15, 16 y 17 de marzo un juicio contra el expresidente y el exsecretario de la Cámara de Comercio de Granada por los supuestos delitos de prevaricación administrativa y falsedad documental.
Concretamente, para el expresidente, Javier Jiménez, la Fiscalía de Granada reclama nueve años de inhabilitación para empleo o cargo público por supuesta prevaricación administrativa, mientras que para el exsecretario, Jaime Parra, solicita cuatro años de prisión, cuatro años de inhabilitación para el ejercicio de las funciones de secretario de corporación de derecho público, y multa de 3.240 euros, por supuesta falsedad en documento oficial.
Según consta en el escrito de acusación del Ministerio Público, al que ha tenido acceso Europa Press, los hechos por los que se les acusa se remontan al 11 de septiembre de 2012, cuando fue convocado un pleno en la Cámara para tratar el asunto de la aplicación parcial de un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) y la suspensión de varios trabajadores de la corporación.
El pleno se celebró pese a que no existía el quórum suficiente, según la Fiscalía, que señala que para su válida constitución era necesario la existencia de dos terceras partes de las vocales en primera convocatoria y de la mitad en segunda. Es decir, si el número de integrantes de la corporación era de 28 miembros más el presidente, el quórum necesario en la segunda convocatoria sería el de 15 miembros, cuando aquel día sólo acudieron 13 vocales y Javier Jiménez.
No obstante, el presidente de la corporación dio por válidamente constituido el pleno e inició la sesión, en la que se aprobaron los puntos del orden del día, es decir la aplicación parcial del ERE y la suspensión laboral de siete trabajadores.
Asimismo, según sostiene el fiscal, el secretario hizo constar como asistentes, primero en el borrador y después en el acta definitiva de la sesión, a dos vocales que no estuvieron presentes, con lo que "salvaba formalmente la inválida constitución del pleno y los acuerdos que allí se adoptaron", "especialmente gravosos" para las personas a las que afectaban.
Para la Fiscalía, la decisión de abrir el pleno por parte del presidente "no sólo era ilegal" sino que "perseguía una finalidad injusta" como era dar "una apariencia de legalidad posterior" a dos decisiones adoptadas y comenzadas a ejecutar por un órgano "incompetente" como era el comité ejecutivo, que "únicamente puede hacer propuestas sobre esta materia".
Por ello, atribuye a los dos procesados, a los que considera funcionarios públicos, un delito de prevaricación administrativa, en el caso del presidente, y otro de falsedad en documento oficial, para el secretario.
