La Sección Primera de la Audiencia de Granada acoge este miércoles y jueves el juicio contra cinco personas, tres hombres y dos mujeres, acusados de cultivar 36 plantas de marihuana en la vivienda en la que convivían en Granada capital, donde también almacenaban diversos tipos de droga, entre ellas más de medio kilo de opio, que vendían en el mercado ilícito.
Los cinco, todos mayores de edad y sin antecedentes penales, están acusados de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas y la Fiscalía pide penas de cuatro años de prisión y multas de 29.505 euros para cada uno de ellos.
Según consta en el escrito de acusación provisional del Ministerio Público, al que ha tenido acceso Europa Press, la vivienda de estas personas, tres de ellos italianos, fue objeto de un registro policial en septiembre de 2011 por parte del Grupo de Estupefacientes de la Policía Nacional tras tener conocimiento los agentes de la existencia de una plantación de marihuana en el inmueble.
Loa acusados tenían distribuidas y escondidas en las habitaciones de la vivienda diversas drogas: un cultivo con 36 plantas de marihuana que arrojaron un peso de 1,9 kilos; 693,5 gramos de opio, diversas pastillas y bolsas con anfetaminas y MDMA, además de 820 euros en metálico y 74,8 gramos de hachís distribuidos en bellotas; entre otras sustancias estupefacientes.
El fiscal considera que todas las plantas encontradas en la vivienda habían sido cultivadas de común acuerdo por los acusados para destinarlas a la venta a terceros a cambio de dinero, al igual que el resto de la droga, con un precio aproximado en el mercado ilícito de 9.835 euros.
En la casa también se hallaron cuatro balanzas de precisión, libretas con cantidades numéricas, nombres y números de teléfono, así como focos con paneles reflectantes de aluminio, temporizadores y productos dedicados al cultivo de la marihuana y la preparación del resto de la droga incautada para su venta.
Además de las penas de cuatro años de cárcel y las multas de 29.505 euros para cada acusado, el fiscal pide que abonen el triple del valor del opio en el mercado ilícito una vez se determine.
