Ni la ministra de Defensa tiene previsto modificar la Ley de Tropa y Marinería ni tampoco tiene en agenda ningún cambio normativo en torno a una nueva Ley de Carrera Militar Única. Al menos, no ha expresado su voluntad al respecto en la primera toma de contacto con las entidades que integran el Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas en la reunión informal mantenida el pasado 24 de enero. De manera que no habrá cese de los despidos de los militares no permanentes que alcancen los 45 años.
Dos de los integrantes de dicho órgano, el representante de la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME), Jorge Bravo, y el presidente de la Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME), Juan Carlos Tamame, confirman estos extremos y señalan que Margarita Robles sí dejó claro, por el contrario, que el Gobierno de Pedro Sánchez va a limitarse a cumplir con las 40 medidas que aprobó la Comisión de Defensa del Congreso en septiembre de 2018.
Entre las propuestas que salieron adelante con los votos de PP, PSOE, PNV y UPN y el rechazo de Ciudadanos (Cs) y Unidas Podemos (UP) se encuentran la homologación con la enseñanza general de los cursos que reciben los efectivos, su pase a la administración civil con la reserva de plazas en las convocatorias públicas o los acuerdos con el sector privado para facilitar la reinseción en el mercado laboral.
En este contexto, han trascendido, por el momento, los contactos entre Defensa e Instituciones Penitenciarias o Renfe para formalizar convenios que faciliten la recolocación, algo que ha despertado reservas en los representantes sindicales sectoriales pero también en las asociaciones profesionales de miembros de las FFAA. La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) colabora con el Ejecutivo para reservar un 20% de plazas de Policía Local para los soldados afectados, aunque solo han suscrito acuerdos los ayuntamientos de Madrid, Murcia, Valladolid y Zaragoza, explica el brigada del Ejército de Tierra Jorge Bravo. ¿Y en Andalucía, ninguno? “En Andalucía, nada”, confirma por medio de un Whatsapp.
“Todo es una bomba de humo”, asegura, por su parte, Jenner López, cabo que pone voz y rostro a los integrantes del colectivo 45 años sin despidos. “Cada tres días se inventan algo, pero no hay nada”, añade, y concreta: “En Adif ofertan cuatro plazas para 52.000 familias que estamos afectados”. Tampoco hay avances, asevera, en cuanto a la homologación de la formación. “Los compañeros se están yendo a la calle con 15 o 20 años de experiencia en cocina o dando clases de conducción pero con el currículum en blanco y una pensión de 620 euros”, advierte. Y apunta, además, que Defensa es incapaz de reubicarlos en la empresa privada, pese a la factura millonaria en la externalización de servicios.
Recuerda, en este sentido, que el Gobierno adjudicó los servicios de vigilancia, alarmas y seguridad de todas las instalaciones a Seguridad Integral Canaria por casi 32 millones de euros y el servicio de restauración a ocho empresas por 131. En el primer caso, el empresario Miguel Ángel Ramírez, también presidente de la UD Las Palmas, acabó detenido por un presunto delito de fraude contra la Seguridad Social; en el otro, Defensa ha rescindido el contrato y Dulcinea ha despedido, entre otros, a los 17 empleados del acuertalamiento de Camposoto. Solo en cátering se han destinado 1.000 millones en 8 años, dinero que podría haberse destinado a que los soldados desempeñen una segunda actividad en estos ámbitos.
Porque la reducción de la temporalidad, fijada en torno al 90% en esta escala, ni hablar. Para tener un puesto fijo solo se convocan 130 plazas para 2.000 aspirantes. Insuficiente. López señala que el resultado de este juego de sumas y resta da como resultado la salida de 3.000 personas en Cádiz. La única solución, remarca Bravo, es una nueva Ley Integral de Carrera. AUME va a poner en marcha grupos de trabajo este fin de semana para trabajar un borrador, pero admite que tanto la ministra como la posición del resto de partidos enfría las expectativas. Cs y UP han ido en esta línea.
Pero la formación de Pablo Iglesias, ahora en el Gobierno, no parece que vaya a hacer valer su criterio. De hecho, el partido morado no ha respondido a preguntas de este medio sobre si planteará al presidente que atienda esta demanda. “Ya tuvieron una oportunidad tras la moción de censura”, advierte Tamame, “y la desaprovecharon”. Por el momento, han vuelto a girar cartas a Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Esperan respuesta.
Vox pregunta
Recién constituido el Congreso, Vox registró, con firma del diputado nacional por Cádiz Agustín Rosety, una batería de preguntas para conocer número de efectivos en situación de cese forzoso por cumplir 45 años en 2025 y la evalucación de las medidas de la Comisión de 2018. Asimismo, interroga al Gobierno sobre la pensión que reciben con posterioridad como reservistas y qué asistencia reciben para pagar la cuota de Seguridad Social.
