Once de los trece países latinoamericanos asistentes a una reunión técnica de dos días que analizó en Quito la masiva migración venezolana, rubricaron hoy un documento en el que ratifican los esfuerzos humanitarios para hacer frente al fenómeno, sin que la seguridad transnacional se vea comprometida.
En la convocatoria participaron autoridades de los sectores de movilidad humana, migración, políticas consulares, desarrollo e integración de Argentina, Brasil, Costa Rica, Colombia, Chile, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú, Bolivia, Uruguay y República Dominicana y se ausentaron los representantes de Venezuela que también fue invitada.
La declaración final, que no firmaron Bolivia, por razones ideológicas, ni República Dominicana, por indisposición de su delegado, incluye 18 puntos que abordan la problemática desde diferentes ángulos.
El documento, suscrito en el primer encuentro de estas características que se celebra con un enfoque regional, insta a seguir acogiendo emigrantes venezolanos con un sentido de "hermandad" y "solidaridad", pero también teniendo en cuenta aspectos relativos a garantizar la "seguridad" para las sociedades receptoras.
Ante algunos brotes de xenofobia y protesta social en los países receptores, en los que se ha denunciado actividades delictivas protagonizadas por migrantes venezolanos, el viceministro de Movilidad Humana de Ecuador, Santiago Chávez, que ejerció de presidente del encuentro, destacó que "en todos los países lo que intentamos es conciliar dos visiones".
"La una que tiene una tendencia a lo que es la protección de derechos, y la otra que tiene una tendencia a lo que es seguridad", apostilló.
Entre otros puntos, la declaración contiene un compromiso de "trabajar con los documentos vencidos" de los venezolanos y reforzar la asistencia a los menores en situación de movilidad, muchos de los cuales viajan sin partidas de nacimiento, con el objeto de garantizar su "derecho a la identidad", resumió el representante de la delegación chilena, Raúl Sanhueza.
También subrayó que los firmantes acordaron apoyar a los nacionales de cada país en Venezuela e incrementar la ayuda a aquellos países en primera línea de migración, como Colombia, Ecuador o Perú.
Según cifras de la Organización Internacional de las Migraciones (OIM) y del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (Acnur), cerca de 2,5 millones de venezolanos han salido de su país desde 2014.
En el último año la crisis migratoria se ha agudizado, obligando a los países limítrofes con Venezuela y a los que se han convertido en principales destinos, a adoptar medidas excepcionales como la solicitud de pasaportes en regla o documentos que cuenten con el apostillado correspondiente, requisitos que no siempre pueden cumplimentar los migrantes.
En relación a esta cuestión, el texto concluyente abre la puerta a que se acepten los documentos vencidos.
"La declaración establece que esto se pueda hacer en concordancia con las legislaciones internas de cada país, siempre que así se permita de acuerdo al ordenamiento", refirió el responsable ecuatoriano de Movilidad.
La declaración también "exhorta al Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela para que tome de manera urgente y prioritaria las medidas necesarias para la provisión oportuna de documentos de identidad y de viaje de sus nacionales".
Los asistentes se comprometieron a volver a reunirse en noviembre, también en la capital ecuatoriana, en un segundo encuentro de seguimiento de las medidas pactadas.
Aunque de carácter técnico, la reunión celebrada en Ecuador es la primera en la que participan voluntariamente más de una docena de países de la región para tratar la cuestión migratoria.
A finales de agosto, dos encuentros, uno bilateral entre Colombia y Perú, y otro de los países de la Comunidad Andina celebrado en Lima, sirvieron para analizar el fenómeno que se ha convertido en la crisis migratoria más importante que ha tenido la región.
La Organización de Estados Americanos (OEA) tiene previsto abordar la situación de los venezolanos mañana, jueves, y entre el 26 y 27 de septiembre la Conferencia Sudamericana de Migraciones previsiblemente examinará la cuestión en Santiago de Chile.
