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Croacia sigue sin asumir su responsabilidad en los crímenes de guerra

El Gobierno, el Parlamento, la Iglesia, el Ejército y la mayoría de la población croata han reaccionado con indignación ante las recientes condenas

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  • Slobodan Praljak. -

El Gobierno, el Parlamento, la Iglesia, el Ejército y la mayoría de la población croata han reaccionado con indignación ante las recientes condenas a seis criminales de guerra bosniocroatas, lo que muestra que este país de la UE no ha asumido aún su parte de responsabilidad en los conflictos de Yugoslavia.

El primer ministro, el conservador Andrej Plenkovic, llegó a calificar de "injusticia moral contra seis croatas de Bosnia y contra el pueblo croata" la sentencia del pasado 29 de noviembre contra seis exlíderes bosniocroatas por el Tribunal Penal Internacional para los crímenes en la antigua Yugoslavia (TPIY).



Una condena que adquirió especial relevancia porque uno de los acusados, el general Slobodan Praljak, se suicidó ingiriendo veneno en la sala de vistas mientras escuchaba cómo el juez confirmaba su pena de 20 años de cárcel por crímenes contra bosniomusulmanes cometidos entre 1993 y 1994.

También el presidente del Parlamento croata, Goran Jandrokovic, criticó a la corte internacional y dijo que esas sentencias "no respetan la verdad histórica, los hechos y las pruebas y, como tales, son injustas e inaceptables".

Otras instituciones han reaccionado con igual contundencia contra el TPIY y la sentencia.

La Conferencia Episcopal de la Iglesia católica de Bosnia-Herzegovina, apoyada por los obispos de Croacia, la calificó como un acto contra la supervivencia del pueblo croata en ese país y, por tanto, como "inmoral, inaceptable y peligrosa".

Parte de la sociedad croata no sólo considera injusta las penas, sino que incluso ve a los condenados como héroes.

El pasado lunes, 2.000 personas, incluidos miembros del Gobierno y del Ejército, rindieron un homenaje público a Praljak, durante el que se le describió como un "hombre perfecto" o un "salvador de su pueblo".

En muchas localidades de Bosnia-Herzegovina habitadas por croatas y en Croacia, como en la céntrica Plaza de Ban Jelacic de Zagreb, se han encendido velas ante fotos del "héroe" Praljak y organizado firmas en libros de condolencias.

La ola de indignación ha sido tal que varios políticos conservadores y nacionalistas han pedido que se acuse de traición al expresidente Stjepan Mesic por haber cooperado con el TPIY y haberle permitido el acceso a la documentación sobre conexiones entre el Estado croata y los croatas de Bosnia.

El diputado opositor Goran Beus Richtenberg ha tenido incluso que pedir protección policial tras recibir numerosas amenazas de muerte por oponerse a que el Parlamento rindiera homenaje a Praljak con un minuto de silencio.

También han recibido amenazas periodistas y medios que han condenado la glorificación de criminales de guerra.

"Creo que en Croacia está en curso una especie de revolución nacionalista-clerical, cuyas víctimas son los periodistas y medios que respetan los principios básicos éticos y profesionales", comentó a Efe el presidente de la Asociación de Periodistas Croatas (HND), Slaven Lekovic.

Esta asociación también ha denunciado que algunos medios, como la televisión pública HTV, han atizado el odio nacionalista con motivo de la sentencia y el suicidio de Praljak.

Por contra, ningún representante oficial ha reaccionado ante la avalancha de amenazas e insultos contra periodistas que no se adhirieron a la ola general de glorificación de los condenados.

Tras la insistencia de asociaciones de periodistas, la presidenta del país, Kolinda Grabar-Kitarovic, se limitó a comentar que "hay que reaccionar adecuadamente, en general, ante amenazas a cualquier persona en Croacia".

La presidenta dijo que no retirará las condecoraciones estatales croatas con las que algunos de los generales condenados fueron galardonados en el pasado, aunque la legislación lo prevé en caso de penas de prisión mayores a cinco años y así lo hizo su antecesor en el cargo, Ivo Josipovic.

El caldeado debate ha llegado a las redes sociales, hasta el punto de que la asociación católica "En nombre de la familia" ha pedido al Gobierno que intervenga contra la supuesta censura de Facebook, red a la que acusó de borrar comentarios de elogio a los criminales condenados.

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