La Fiscalía de Brest (noroeste de Francia) anunció hoy que ha abierto una investigación preliminar contra el ministro de la Cohesión Territorial, Richard Ferrand, por sospechas de nepotismo.
El objetivo de esta "investigación preliminar" es "recopilar cualquier elemento que permita un análisis completo de los hechos y buscar si son susceptibles o no de constituir una infracción penal", precisó la Fiscalía en un comunicado en su cuenta de Twitter.
Este procedimiento judicial supone un tropiezo para el presidente Emmanuel Macron, que llegó a la presidencia de Francia con la promesa de moralizar la política y que tiene el reto de conseguir una mayoría parlamentaria suficiente para sacar adelante su programa en las elecciones legislativas del 11 y 18 de junio.
Las pesquisas se han encargado a la dirección interregional de la Policía Judicial de Rennes.
En un primer momento, el Ministerio Público se había resistido al lanzamiento de este procedimiento por considerar que no había materia para hacerlo.
En las últimas horas, organizaciones no gubernamentales especializadas en la lucha contra la corrupción, como Anticor, habían comunicado que formalizaban una denuncia para forzar a la justicia a investigar.
En el centro de este asunto que persigue a Ferrand y que cuestiona su probidad es que a finales de 2010, cuando él era director general de Les Mutuelles de Bretagne, su pareja alquiló a esta mutua unos locales en la ciudad de Brest.
El aspecto particularmente polémico de la operación es que su compañera los compró con la condición de que se formalizara ese alquiler, y eso le permitió obtener un crédito bancario de 400.000 euros que correspondía con la totalidad de su inversión, es decir que su aportación y el riesgo financiero que asumía eran prácticamente nulos.
La prensa fue la que reveló desde el 24 de mayo los detalles de esa transacción, pero también que su exmujer había sido contratada por Les Mutuelles de Bretagne, de la que Ferrand continuó cobrando cuando dejó las riendas y fue elegido diputado, en las listas del Partido Socialista, en una circunscripción de Bretaña.
Macron, que se encontraba hoy de visita en esa misma región, no quiso pronunciarse esta mañana al ser preguntado por los periodistas sobre este caso, que aparece como un problema político cada vez más evidente en el contexto de las elecciones legislativas.
Ayer el preisente había manifestado su apoyo a Ferrand -que ha sido uno de sus más próximos colaboradores en la conquista del Elíseo- al señalar que "las cosas no van forzosamente bien cuando la prensa se convierte en juez".
Su primer ministro, Edouard Philippe, que el martes también confortó en el cargo al titular de la Cohesión Territorial, había señalado que un miembro de su Gobierno tendría que abandonarlo en caso de ser inculpado, algo que no está claro que pueda ocurrir ni en el caso de Ferrand, y todavía menos en el Marielle de Sarnez, ministra de Asuntos Europeos, que es objeto de otra investigación judicial.
Preguntado ayer sobre si había propuesto su dimisión a Macron, Ferrand dijo que no lo haría porque tenía "la conciencia tranquila" y porque considera "muy importante" la misión que se le ha encomendado al frente de su Ministerio. Además, insistió en que "todo" lo que había hecho en su vida profesional había sido "legal".
Una de principales promesas electorales de Macron es la moralización de la política, que se va a traducir en la presentación de un proyecto de ley que debe ser adoptado por el Consejo de Ministros el próximo día 14.
Desde la oposición, la líder ultraderechista Marine Le Pen señaló hoy, en declaraciones a la emisora "Europe 1", que más allá de que el comportamiento del ministro no sea ilegal, hay "al menos una ruptura moral".
"Ese enriquecimiento personal (...) se parece mucho al caso (François) Fillon", comentó Le Pen en alusión al candidato de la derecha a las presidenciales, que quedó eliminado en la primera vuelta atrapado por un escándalo de nepotismo pese a haber sido durante meses el favorito para el Elíseo.
Esta semana se ha sabido que Marielle de Sarnez está siendo investigada desde marzo, al igual que casi una veintena de otros eurodiputados franceses, acusados por el Frente Nacional de haber cometido irregularidades al contratar a asistentes parlamentarios.
Tanto ella como otros de los afectados han anunciado querellas contra el partido ultraderechista por denuncia calumniosa.
