Los magistrados encargados de juzgar este asunto han resuelto que la acusación popular, ejercida por el Foro Ermua y Dignidad y Justicia, no tiene la condición de “acusación legítima” en este proceso y por tanto no es suficiente para seguir con el juicio.
El Ministerio Fiscal no acusa y tampoco hay personadas acusaciones particulares.
El presidente del tribunal juzgador, Manuel Díaz de Rábago, ha difundido esta resolución –que se plasmará en un auto durante los próximos días– en la segunda sesión de la vista oral y en presencia de todos los acusados, y ha anunciado su propio voto particular contrario ya que estima que en este caso concreto la acusación particular sí está legitimada para ejercer la acción penal.
La petición de archivo había sido solicitada durante la primera sesión de la vista oral, celebrada el pasado jueves, por el Ministerio Fiscal y la defensa de los dirigentes socialistas, así como por los letrados de los representantes de la izquierda abertzale, quienes lo plantearon en el trámite de cuestiones previas.
La defensa de Ibarretxe pidió continuar el juicio, en un cambio de la estrategia mantenida hasta entonces, con el objetivo de demostrar que su actuación se ha ajustado a la legalidad, mientras que las acusaciones populares, ejercidas por las asociaciones Dignidad y Justicia, y Foro Ermua, también pedían la continuación del juicio, pero para conseguir una sentencia condenatoria.
Tras conocerse esta decisión, el Gobierno vasco celebró un consejo extraordinario, tras el cual el lehendakari, Juan José Ibarretxe, compareció ante la prensa para leer una declaración, en la que ha expresado su satisfacción “porque –dijo– se ha puesto fin a un sinsentido jurídico y político”.
Además, Ibarretxe también mostró su preocupación porque el Tribunal “no ha querido entrar en el fondo del asunto”, de manera que “el impulso político” pueda “tratar de recuperar este juicio para cuando políticamente interese” y confió en que “nunca más el diálogo político se siente en el banquillo en este país”.
