La guerra contra las drogas continúa en la Filipinas de Marcos Jr.

La cruenta operación contra el narcotráfico orquestada durante el mandato del expresidente filipino Rodrigo Duterte (2016-2022), que dejó miles de muertos y una investigación de la Corte Penal Internacional, continúa con el gobierno de Marcos Jr. Más de 90 personas han muerto en redadas policiales contra las drogas desde que llegó al poder hace tres meses, según investigadores.

El actual presidente de Filipinas, "Bongbong" Marcos, hijo del dictador Ferdinand Marcos, defendió cambiar el rumbo de las operaciones policiales contra el narcotráfico tras ganar las elecciones el pasado mayo, y abogó por perseguir con dureza solo a los traficantes, y no a los consumidores, como hizo su predecesor.

Consciente de la presión internacional para acabar con la brutal campaña antidrogas del "sheriff" Duterte, que dejó más de 30.000 muertos según varias oenegés, Marcos Jr. habló, incluso, de "rehabilitar" a los drogadictos.

Sin embargo, desde que Ferdinand Marcos Jr. juró el cargo como jefe de Estado el 30 de junio, hasta el 7 de octubre 93 personas han muerto en redadas policiales contra las drogas, más fallecimientos que durante el segundo trimestre de 2022, el último de Duterte en el poder, según el Proyecto Dahas, de la Universidad de Filipinas (UP).

Se trata de unas cifras significativamente más altas que antes de la llegada al poder de Duterte en 2016, apunta el centro de investigación.

SIN ADMITIR RESPONSABILIDAD

"La única diferencia es que ahora nadie admite la responsabilidad de las muertes en las redadas policiales", dice a EFE el director de Human Rights Watch en Filipinas, Carlos Conde, en referencia a Duterte, que animaba públicamente a los policías a "liquidar" a drogadictos y traficantes y prometía defender a los verdugos.

El Proyecto Dahas, que escudriña la guerra contra las drogas desde 2017 basándose en noticias de medios locales, admite que en esta nueva etapa "no hay manera de saber" si las muertes se producen en condiciones similares a las de la brutal campaña de Duterte.

Entonces, muchas de las víctimas morían ejecutadas por agentes o brigadas parapoliciales conocidas como "escuadrones de la muerte".

Ahora, Marcos Jr. busca un delicado equilibrio entre admitir los excesos de la anterior administración sin desgastar su alianza con el expresidente Duterte, en quien se apoyó para alcanzar el poder y cuya hija, Sara Duterte, ocupa la vicepresidencia del país.

Con malabarismos, intenta a la vez recuperar las buenas relaciones con algunos de sus socios fundamentales, como Estados Unidos, dañadas durante la legislatura de Duterte, y Marcos Jr. reconoció en una entrevista concedida en el país norteamericano en septiembre que los "hombres" del expresidente "a veces fueron demasiado lejos".

CIFRAS PREOCUPANTES

Unas declaraciones que no reflejan la realidad sobre el terreno, pues, según detallan desde Dahas en una entrevista a EFE, 32 de las 93 muertes registradas con Marcos Jr. en el poder fueron cometidas por "asaltantes desconocidos", y añade que "sigue siendo un número muy preocupante" de ejecutores ajenos a las fuerzas del estado.

"Puede que los mecanismos violentos" azuzados por Duterte dentro de la policía "sigan ahí por inercia", elucubra por su parte Conde, de HRW, quien añade que "el verdadero reto del nuevo gobierno es forzar una investigación sobre las muertes."

Hasta la fecha, tan solo dos policías filipinos han sido procesados por irregularidades en casos de operaciones policiales que terminaron con sospechosos abatidos, según datos del ministerio del Interior.

"Si Marcos Jr. quiere que acabe la violencia, puede ordenar a la policía que deje de matar", zanja Conde, insinuando que dicha orden no ha sido dada aún.

Asimismo, Dahas desglosa en sus informes las víctimas de estas operaciones policiales, y certifica que un 40 % de los fallecidos son ciudadanos que se dedicaban al menudeo de droga o eran meros consumidores de sustancias ilegales, en contra de lo que había prometido Marcos Jr..

De momento, tanto la policía como el nuevo Ejecutivo guardan silencio o restan importancia a la violencia de la campaña antidroga y no dan detalles acerca de estas operaciones.

Unas operaciones que siguen en el punto de mira de la Justicia internacional. El año pasado, la Corte Penal Internacional (CPI) anunció una investigación por posibles crímenes de lesa humanidad durante la campaña antidroga de Duterte.

No obstante, el polémico expresidente, que sacó a Filipinas de dicho organismo en 2019, tampoco permitió la entrada de los investigadores en el país.

Marcos Jr., quien ha anunciado que Filipinas no volverá a este organismo, confirmó que no permitirá la entrada de los investigadores de la CPI en el país porque "no hay ninguna necesidad de que vengan a Filipinas", a no ser que se "derrumbe el sistema" judicial y policial.

"Los supuestos crímenes fueron cometidos por filipinos en Filipinas. ¿Por qué necesitaríamos que unos extranjeros vengan a decirnos lo que tenemos que hacer?", declaró Marcos Jr. el mes pasado, en un tono mucho más parecido al de su predecesor del que utilizó en campaña, que ahora también choca con los números.