En un auto, notificado ayer, la Sala de lo Penal del Alto Tribunal señala que la investigación deberá aclarar si en la entrega del dinero “medió la consideración al hecho de tratarse de un juez de instrucción de la Audiencia Nacional o si por el contrario tal cosa puede valorarse como una mera suposición o conjetura”.
Los querellantes, José Luis Mazón y Antonio Panea, relacionaron la percepción de 302.000 dólares por parte de Garzón con la decisión de éste de no admitir a trámite posteriormente una querella formulada contra directivos del Banco Santander, entre ellos su presidente Emilio Botín, en el proceso penal por las “cesiones de crédito”.
“No se trata, pues, en momento procesalmente tan temprano, de afirmar la existencia de un hecho delictivo, sino de comprobar si se puede excluir definitivamente su existencia”, concluye la resolución, que designa instructor al magistrado Manuel Marchena, que tendrá que decidir si cita a Garzón para tomarle declaración como imputado.
El TS abre así una vía para la investigación judicial de unos hechos “respecto de los que, tal y como vienen relatados en la querella, no se puede excluir, en ese momento, su carácter delictivo ni la intervención en ellos del querellado”.
La querella admitida ayer a trámite es la segunda que estos dos abogados presentan contra Garzón por los mismos hechos ante el Tribunal Supremo, que archivó la primera el pasado mes de marzo, aunque acordó deducir testimonio de su resolución al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que archivó este asunto y lo reabrió el pasado mes de diciembre.
Mazón y Panea insistieron en su denuncia al considerar que existían “nuevos datos” y el Supremo solicitó al Banco Santander y a la Universidad de Nueva York diversa documentación.
Entre la remitida por el banco figuraban varias cartas del juez a Botín en las que le agradece a éste el patrocinio de sus conferencias en la Universidad neoyorquina.
