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Marbella

Una sentencia anlua los acuerdos del Gobierno de Ángeles Muñoz con los trabajadores municipales

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 de Málaga ha anulado el acuerdo laboral de los trabajadores del Ayuntamiento de Marbella, que superan los 1.500, tras condenar al consistorio por la vulneración de los derechos fundamentales de un sindicato.

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El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 de Málaga ha anulado el acuerdo laboral de los trabajadores del Ayuntamiento de Marbella, que superan los 1.500, tras condenar al consistorio por la vulneración de los derechos fundamentales de un sindicato.

La Unión de Empleados Públicos de la Administración Local (Uepal) recurrió la convocatoria de la Mesa General de Negociación celebrada en diciembre del 2013, cuando gobernaba el PP, que reguló las condiciones sociolaborales de los empleados del Ayuntamiento, tanto laborales como funcionarios.

La sentencia, a la que ha tenido acceso Efe, reconoce que la Uepal vio vulnerado su derecho sindical al no formar parte, junto a otros sindicatos, de la Mesa de Negociación, por lo que anula dicha mesa así como los acuerdos de la junta de gobierno local y del pleno que los aprobaron.

El responsable del área laboral del Ayuntamiento de Marbella, Daniel Pérez (PSOE), ha equiparado esta sentencia a las dos del Tribunal Supremo que la semana pasada anularon el PGOU de la ciudad, pero desde el punto de vista laboral.

Ha explicado que estas condiciones sociolaborales afectan a más de 1.500 trabajadores, tanto funcionarios como laborales, y a los empleados de los organismos autónomos y sociedades municipales.

Pérez ha recordado que, desde la oposición, se "reprochó" al PP esa "falta de negociación y de talante" a la hora de negociar con los trabajadores y ha añadido que esta sentencia corrobora "la actitud de arrogancia del PP al excluir a estos sindicatos".

Desde el equipo de gobierno han anunciado que, en base a esta sentencia, volverá a negociar con la Mesa General las condiciones socioeconómicas para evitar la inseguridad jurídica que se le plantea a los trabajadores y, sobre todo, para evitar un coste incuantificable.

El responsable del área de personal ha advertido que si el Ayuntamiento no negocia esas condiciones estaría abocado, por ejemplo, a restituir el seguro médico privado, cuyo coste rondaba el millón de euros.

Por su parte, el portavoz del equipo de gobierno, Javier Porcuna (PSOE), ha resaltado que la sentencia revela que el anterior equipo de gobierno actuó "de mala fe" al excluir a varios sindicatos que representaban a la mitad de la plantilla municipal.

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