La ELA de Torrecera cuenta con un informe de la secretaria-Interventora y otro jurídico que analiza la gestión del servicio del suministro del agua durante el periodo que supuestamente asumió su gestión, durante el mandato de Manuel Bertolet (IU) en los que se detallan una veintena de irregularidades, informes con reparo de la secretaria-interventora y numerosos informes de advertencia de esta funcionaria y también del tesorero.
Entre otras cosas, durante el mandato de Bertolet la ELA no asumió algo tan importante para la salubridad pública como es el control de la potabilización del agua, habiendo sido realizado siempre por Aquajerez.
Tampoco se dio de alta en el Sistema de Información Nacional de Aguas de Consumo (Sinac) y de hecho en ese registro sigue apareciendo Aquajerez.
Por otra parte, no se realizó un mantenimiento constante de las instalaciones más allá que puntuales y pequeñas reparaciones por las que el actual presidente de la ELA, Francisco Arcila, encontró facturas impagadas por valor de más de 35.000 euros.
Tampoco se llevaron a cabo procedimientos de contratación para los servicios externos requeridos ni la contratación de personal, existiendo un informe de reparo de la secretaria-intervención.
Al ser necesidades mas que previsibles, estos contratos debieron ser licitados según la Ley de Contratación Pública.
La práctica totalidad de los gastos se efectuó “de facto”, al margen de todo procedimiento, como constata la secretaria-interventora.
Eran en cualquier caso obligaciones que se asumían, pero no liquidaban existiendo reclamaciones de varios proveedores o profesionales o, incluso, ni tan siquiera se disponía de un software para la emisión de las liquidaciones que estaba cortado por impago a la entrada de este nuevo gobierno.
Tampoco se asumieron gastos obligados como los de energía eléctrica o el canon de la Junta de Andalucía, conceptos que se han liquidado ya en esta legislatura con los correspondientes intereses y sanción por no pagar en su momento.
Los datos del ejercicio cerrado de 2018 arrojan unos ingresos un 24 por ciento menores y un consumo un 36 por ciento inferiores a los recogidos en el estudio de viabilidad en el que Bertolet apoyaba su andadura.
Estudio con una previsión de ingresos inflada realizado por una consultora que actualmente reclama en los tribunales a la ELA el pago de sus servicios contratados por el gobierno de IU.
Según la ELA de Torrecera, esto es sólo una muestra de las numerosas irregularidades que refieren los dos informes, que concluyen de forma clara y contundente la inviabilidad económica y financiera de la prestación del servicio.
Por ello, “está totalmente justificado” que la ELA, “en un acto de responsabilidad pública y política”, haya encomendado el servicio al Ayuntamiento de Jerez.
