La violencia doméstica fue el tercer delito más habitual cometido por los menores de la provincia durante 2014, según se pone de manifiesto en la última Memoria de la Fiscalía Superior de Andalucía, publicada recientemente. En este informe, se evidencia que el año pasado se dieron 165 casos de este tipo denunciados por el Ministerio Fiscal.
El delito más habitual cometido por los menores de 18 años en la provincia es el de lesiones, con 541 expedientes; seguido de los robos con fuerza, por lo que se llevaron a cabo 255 procedimientos; asimismo, se cometieron 205 hurtos, 143 robos con violencia e intimidación, 116 delitos de daños, 97 menores fueron cazados por conducir sin permiso, 19 por conducción temeraria, 18 fueron procesados por cometer supuestamente agresiones sexuales, 23 fueron denunciados por abusos sexuales y dos condujeron bajo la influencia del alcohol u otras sustancias.
Otro dato a poner de manifiesto es que las provincias de Cádiz y Málaga fueron en las que más jóvenes cometieron asesinatos (cuatro), frente a los casos de Sevilla (uno), Huelva o Granada (uno en cada provincia, respectivamente). En la demarcación de Cádiz, que incluye también a Ceuta, la Fiscalía hizo 20 acusaciones por homicidio en 2014. Las condenas ascendieron a 21, de ellas 15 por homicidio y 6 por asesinato y la mayor parte de acusaciones y condenas se refieren a delitos que quedaron en fase de tentativa. A simple vista hay diferencias grandes entre 2013 y 2014 al pasar las acusaciones de 13 a 24 y las condenas de 36 a 21.
En total, 2.128 jóvenes de la provincia cometieron infracciones penales, frente a los 1.804 de 2013. Llama la atención también que en lo referente a los juicios por faltas, en 2014 se celebraron 12.546 (un 18% más que en el ejercicio anterior) y que persiste la tradicional alta cifra de sentencias absolutorias, que se acerca a la mitad del total. Las propicia la frecuente incomparecencia de los denunciantes a las vistas, así como la comparecencia del denunciante sin asistencia letrada y, normalmente, por ello, sin proponer debidamente la prueba.
Las circunstancias criminológicas de la provincia (incluyendo a la ciudad de Ceuta) determinan que el delito cuya comisión se vincula en más casos a la adopción de la medida de prisión provisional y con enorme diferencia respecto a cualquier otro, es el delito contra la salud pública por tráfico de drogas. Baste señalar que en la demarcación de la Fiscalía Provincial se acabó 2014 teniendo en situación de prisión provisional a 119 personas por delito de tráfico de drogas y tan solo a 59 por otros delitos.
Responsabilidad
En el caso de la violencia doméstica y de género, la Fiscalía de Menores muestra una especial preocupación. “La conducta infractora de los jóvenes maltratadores se circunscribe al estricto ámbito familiar, incoándose los procedimientos en virtud de la denuncia de los perjudicados, generalmente los padres”, dice la Fiscalía andaluza de Menores.
Las fiscalías coinciden en señalar que la mayoría de los supuestos se trata de una situación prolongada en el tiempo y no denunciada por los progenitores hasta que la convivencia doméstica resulta del todo imposible por el carácter violento y agresivo de esos adolescentes. Alcanzado este extremo, las familias acuden a las fiscalías exigiendo una respuesta.
Otras de las coincidencias en los informes radican en el perfil del maltratador. Según los equipos técnicos son menores “egocéntricos, con falta de habilidades sociales, con fracaso escolar, materialistas, que no acatan normas, en no pocas ocasiones herederos de la violencia física o psíquica vivida en el ámbito familiar y con problemas severos de drogadicción o de salud mental”. Las fiscalías resaltan también la equiparación de sexo en estas conductas, aunque se observa “un repunte de mujeres como autoras de tal conducta penal”.
Epidemia oculta
En los últimos años, las diligencias abiertas por la Fiscalía en toda España por casos de violencia filio-parental, también llamada ascendente, rondaron las 5.000, lo que constituye entre un 16 y un 18% de los delitos cometidos por menores de edad.
Sin embargo, los expertos advierten de que la violencia filio-parental supone una “epidemia oculta”, dado que los padres son reacios a denunciar por su temor a las consecuencias penales que ello puede acarrear para sus hijos y, a menudo, por la vergüenza que les produce explicar lo sucedido.
En los últimos años, el perfil de hijos denunciados por agredir a sus padres ha ido cambiando y afectando en mayor medida a las familias de clase media o media alta: en un 60% de casos al menos uno de los padres cuenta con estudios universitarios, según un estudio citado por el director clínico de Amagalma 7, Jordi Royo, miembro de la junta directiva de Sevifip.
De acuerdo con los informes que manejan los expertos, en un 70 % de los casos la violencia la ejercen chicos, de clase media o media alta, con una experiencia de abandono escolar, consumo de drogas y a menudo patologías asociadas al Trastorno de Déficit de Atención (TDA).
La mayoría de los agresores tienen su primer episodio violento con 16 años, aunque su conducta había empezado a desarrollarse dos o tres años antes, y los primeros síntomas suelen ser robos a sus padres, lanzamiento de objetos, manipulaciones o intimidaciones verbales.
Según los estudios, en la mayoría de casos suelen ser madres y abuelas las agredidas, y los factores que predisponen a desarrollar ese comportamiento son haber sido testigo de maltratos o haber padecido acoso escolar.
También el Defensor del Pueblo Andaluz y Defensor del Menor de Andalucía, Jesús Maeztu, ha vuelto a dar la voz de alarma sobre un “problema social grave y una realidad de difícil comprensión muy presente en nuestra sociedad”, como es la violencia que los hijos ejercen sobre los padres. No es la primera vez que la institución informa del “auge” de este asunto, del que lleva alertando desde el año 2005 en su Informe Anual al Parlamento.
