—¿Cómo ha cambiado el papel jugado por el PIVG desde su creación en los años 90 hasta ahora?
—El PIVG se crea en el contexto de una lucha por el reconocimiento de una identidad para el Valle del Guadiaro que la Ley de Demarcación Territorial en Andalucía permitía buscar. Aquel proceso quedó agotado por la vía judicial y por la falta de esfuerzo político para que se produjese. En cualquier caso, aquel proceso sirvió para que se tomase conciencia por parte de los partidos centralistas de que las poblaciones periféricas necesitaban más servicios, ya que en la actualidad el 57 por ciento de la población no vive en el Casco.
—¿En qué punto de esa descentralización nos encontramos?
—Todavía en un plano muy incipiente, e incluso en algunos aspectos puede ser hasta equivocado. Según el planeamiento urbanístico, una barriada como Los Olivillos, hace unos años dentro del campo, estará unido a San Roque. De hecho, Taraguilla estará unido con San Roque dentro de 10 años. Será una parte más de la ciudad. Pero en otras zonas eso es imposible porque los elementos naturales no lo permiten. Hay que descentralizar los servicios, y que la ciudadanía los utilice para no tener que desplazarse 15 kilómetros para realizar gestiones.
—¿Por qué ha degenerado tanto la situación económica del municipio?
—La situación económica actual viene de que este es un municipio en el que se ha sobredimensionado la cuestión política. No sé si será por la pujanza del resto de barriadas y otras historias. Conozco toda la evolución económica de la ciudad desde hace 16 años, porque incluso antes de ser concejal me encargaba del área económica del partido, y hasta el año 99 aproximadamente se tenía un presupuesto cortito, principalmente porque se hacía demasiado poco en las barriadas. Ese presupuesto tenía que crecer, pero después llegó un desmadre total coincidiendo con el último boom económico de la construcción. Entre los años 2003 y 2007, cuando llega la crisis, tenemos unos ingresos históricos, un momento en el que se gastó mucho dinero superfluo, sobredimensionando la propia estructura municipal. Eso ha dado lugar a que de una deuda que era de 6 millones de euros en 2003 se haya pasado a 34, más de cinco veces, en la actualidad. Ahora hay que ajustarse porque no hay capacidad de maniobra. Pero no es sólo el municipio. En el Campo de Gibraltar, con 300.000 habitantes, tenemos 180 concejales, mientras que Madrid, con tres millones, tiene 66. Es un coste muy alto en políticos, personal de confianza, etc.
—¿Hay perspectivas de remontar la situación a corto plazo?
—A corto plazo no se va a remontar, pero no lo hará ni a nivel nacional. Estoy convenido que tenemos por delante unos cuantos años de ajustarnos, de sacrificio para la sociedad española. De 40.000 millones de deuda pública se ha pasado a 120.0000 millones. Y aquí, menos mal que hemos empezado a tomar medidas.
—Imagino que se refiere a ese Plan de Saneamiento que pretende reconducir la situación económica municipal, ¿Vamos por buen camino?
—A la vista de los resultados que ha dado este año el Plan de Saneamiento, el resultado presupuestario recogió una mejora de 5,8 millones de euros, pero el remanente de Tesorería dejó en negativo 21,5 millones de euros.Todavía se gasta más que se ingresa. Ahora no es el doble, pero si puede ser un cinco por ciento. Por eso, vamos a plantearnos el reducir el Plan de Saneamiento de seis años a tres. En este Ayuntamiento se puede hacer, aunque haciendo un gran esfuerzo. Es necesario para salir de una situación que, por otro lado, tienen todos los ayuntamientos.
—¿Por dónde pasaría ese esfuerzo?
—En un ayuntamiento, una buena parte de los ingresos llega por las tasas impositivas. Esta presión tiene que provenir en parte de las grandes industrias, para la que planteamos una subida del 25 por ciento, que no es cuestión baladí, aunque aún hay margen para una mayor presión fiscal si fuera necesario.
—¿Le parece positivo a su grupo político un acuerdo comarcal para que la Mancomunidad gestione el agua y los residuos sólidos urbanos?
—Este sistema nos va a costar más dinero. Por lo que nos ha llegado, en lo que se refiere a la tasa de basuras creo que iban a ponerla en unos 75 euros. El agua nos va a costar lo que venía a costar antes, porque es la misma empresa la que va a encargase de ella.
—¿Habría sido mejor que pasara a manos privadas?
—Es que aquí se confunde lo privado con lo público. Se trata sólo de formas distintas de gestión. Al final lo que pagan los ciudadanos son tarifas. Y si esa tarifa depende de costes, si hay un beneficio para un empresario y esto hace la tarifa mas barata, yo estoy haciendo una buena gestión para el ciudadano. Como ejemplo tenemos Sotogrande, que es una concesión privada y pagamos el agua bastante mas barata que en el resto del Campo de Gibraltar. Hay partidos que vigilan estas cosas y que no permiten subidas, o subidas exageradas. Luego está la cuestión del personal. Si el privado hace la gestión con 20 personas y la gestión pública lo hace con 40, al final cuesta más pagar este plus de 20 trabajadores.
—¿Se han aprobado los presupuestos que quería el PIVG?
—Se han acercado posturas en la parte meramente legal. Desde que estoy de concejal siempre he querido que haya una total transparencia. Dos de las alegaciones se corrigen en el presupuesto. Con un informe exhaustivo sobre el tema. El resto no se han aprobado por cuestión de procedimiento pero hay informes que recogen que eso se está haciendo irregularmente.
—Ese afán por que se cumpla la legalidad ha llegado a poner en peligro, según algunos puntos de vista, la cohesión del equipo de gobierno...
—Esto es un gobierno de concertación, y cuanto mas acuerdo haya mejor. Pero nosotros no podemos pasar por alto hechos que afectan incluso a aspectos legales. Llegamos a un acuerdo porque estamos de acuerdo en una forma de hacer el juego.
—Muchos de estos conflictos vienen de la relación de su partido con USR...
—Entre 2003 y 2007 USR ha sido corresponsable de todo el perjuicio que se ha causado al Ayuntamiento. Y no puede decir que no lo sabia, El señor Ledesma ha estado mucho tiempo de alcalde accidental. No voy a tapar a nadie si ha actuado irregularmente.
—¿Cree que fue acertado decir que Recuenco acabará el PGOU antes de finalizar el año?
—Hace pocos días salían el alcalde y el concejal de Urbanismo, José Antonio Ledesma, anunciando este asunto. Tengo mis dudas. Más bien lo veo completamente imposible, más teniendo en cuenta toda la historia que esto trae detrás desde al año 98. Lo cierto es que, desde que nosotros entramos en el equipo de Gobierno, se ha puesto sobre la mesa que el contrato era para este señor. Quisiera saber, eso sí, si se han tenido o se van a tener en cuenta las alegaciones que pusimos en su día, cuando la idea no pudo salir adelante. También me sorprende que se hagan estas afirmaciones cuando al asunto no se ha planteado en la Gerencia de Urbanismo.
—La no renovación de un trabajador de USR en Emroque, ¿ha sido una decisión política?
—Era una contratación política, con la que no hemos estado de acuerdo desde el principio. Además, no se ajustaba a la legalidad por varios motivos, e iba en contra del Plan de Saneamiento.
—¿Cree que será positivo el acuerdo alcanzado con las grandes industrias?
—Pertenezco a una empresa que siempre ha colaborado mucho con el campo de Gibraltar en todos los sentidos, y en virtud de este acuerdo se elaborarán cursos, talleres y hay un acuerdo, además, con el Campus Universitario de Algeciras. El principal problema que había en esta comarca es que no había personal cualificado. Cuando yo llegué, en Cepsa química el 60 por ciento de personal era de fuera, y hoy esta cifra se ha rebajado hasta el 30 por ciento. Las grandes empresas participan en los cambios y reformas educativas.
—Visto lo ocurrido en otros ayuntamientos y la tensión creada con casos como el de la ex concesionaria Entorno y Vegetación, de cuyos despidos los sindicatos hacen responsable al Ayuntamiento, ¿están garantizadas las nóminas a los trabajadores municipales en San Roque?
—Garantizado aquí no tenemos nada. Incluso se está haciendo un gran esfuerzo destinando a las nóminas dinero que iba para los proveedores, que no tienen culpa ninguna de la situación. Aquí el primer pago es siempre el de los funcionarios. Pero no se puede ir todo a un mismo capítulo. No estamos ante un Ayuntamiento de mileuristas. Estamos hablando de que la reducción de costes de personal prevista va a repercutir sobre consecuencias de abusos como subidas que han sido del 20 por ciento. Subidas que incluso están denunciadas.
—Para terminar, si Jesús Mayoral llega a ser alcalde, ¿Qué sería lo primero que haría?
—Rebajar los costes políticos. Yo soy una persona muy austera y siempre he dicho en los plenos que estoy en contra de esos concejales liberados que trabajan para su partido y no para el Ayuntamiento. Si un día soy alcalde no voy a tener ni coche oficial ni chófer, y seguiré abogando por defender más servicios para los distritos.
—Asumimos, entonces, que se presentará el año que viene...
—Si mi partido quiere presentarme... Es cierto que llevo ya varios años en primera línea, y todo depende del ánimo que se tenga para seguir en cada momento, pero aún me quedan fuerzas para pelear, para sacar adelante algunas ideas y proyectos políticos para el municipio.
