La Guardia Civil ha cifrado en 50 millones de euros los fondos públicos desviados en la última fase de la investigación de los ERE fraudulentos, aunque esa cifra “podría aumentar de manera significativa” a medida que se analice la documentación incautada en los trece registros realizados.
Estos datos han sido difundidos por el instituto armado en una jornada en la que la juez Mercedes Alaya ha tomado declaración a Jesús Bordallo, ex director comercial de la aseguradora Vitalia en Andalucía, que ha quedado en libertad sin fianza, y Antonio Albarracín, directivo de esta aseguradora, cuyo ingreso en prisión había solicitado el fiscal anticorrupción.
Al cierre de esta edición, la jueza Alaya aún no había redactado el auto sobre Albarraicín, para quien el fiscal ha solicitado su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza al al entender que, durante el tiempo que trabajó en Vitalia -de 1995 a 2011-, “incrementó mucho su patrimonio”, según han informado fuentes del caso.
Al cierre de esta edición, la jueza tenía previsto comenzar la declaración al ‘conseguidor’ y exsindicalista de UGT Juan Lanzas, mientras que este viernes prestarán declaración a lo largo de la jornada el resto de detenidos en la operación, además de a Juan Francisco Trujillo, exchófer del que fuera director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, y a la mujer de Lanzas, Patrocinio Sierra.
El abogado de Antonio Albarracín, Francisco Rubiales, ha dicho que éste era un mero trabajador y que se deben pedir responsabilidades por este “enorme fraude” a los responsables de la Junta. La esposa de Albarracín, detenida el miércoles, se encuentra desde entonces en calabozos policiales a la espera de comparecer ante Alaya.
Las investigaciones de la Guardia Civil en esta segunda fase, en la que han sido detenidas veintidós personas de varias provincias españolas, han permitido “descubrir el flujo irregular de dinero que seguían determinados fondos procedentes de la Junta de Andalucía”,
La actividad de esta organización delictiva se asocia a los delitos de cohecho, malversación de fondos públicos, blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública y falsedad documental, entre otros.
Esta segunda fase de la operación supone, según el instituto armado, un “importante paso cualitativo” en la investigación, ya que establece las bases para identificar a los últimos beneficiarios y responsables de los hechos investigados en la causa.
La operación ha desvelado, hasta el momento, el desvío de unos 50 millones de euros, si bien se prevé un “aumento significativo de dicha cantidad” a medida que se analice la abundante documentación incautada en los registros practicados “en los que también se ha intervenido material informático y 82.000 euros fraccionados en distintos sobres”, que halló un perro especializado.
El detalle
Un perro localiza los sobres del dinero
Un vídeo distribuido por la Guardia Civil recoge cómo un perro especializado localiza debajo de la cama del ‘conseguidor’ Juan Lanzas una maleta que contiene una máquina de escribir y numerosos sobres con billetes: en total, 82.000 euros.
El abogado de Guerrero recurrirá su prisión
El abogado del exdirector general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía Francisco Javier Guerrero recurrirá en los próximos días el ingreso en prisión de su cliente ordenado por la jueza que investiga los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos tramitados por la Junta, ya que considera que “no existe ninguna posibilidad de riesgo de fuga”, riesgo que ha constituido uno de los motivos en los que la magistrada ha fundamentado su decisión.
El letrado de Guerrero, Fernando de Pablo, ha anunciado a los periodistas que ni él ni Guerrero “están de acuerdo” con la decisión adoptada por la juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, y que pedirán su libertad “sin fianza”. “Ha tenido todas las posibilidades de fugarse”, recordaba.
Valderas se replantearía el pacto si la Justicia “va más allá”
Entre las reacciones políticas a esta segunda fase de detenciones por la trama de los ERE destaca la realizada por el vicepresidente de la Junta y coordinador regional de IU, Diego Valderas al asegurar que se replantearía el pacto con el PSOE “si la Justicia va más allá”.
Valderas afirmaba que la coalición de izquierdas se replantearía el acuerdo de gobierno con el PSOE “si la Justicia va más allá de lo que ahora mismo ha puesto encima de la mesa” en el caso de las irregularidades en los ERE y, por tanto, si se superasen “los límites del compromiso de gobierno”.
Ha aclarado que si ese hecho llegara a producirse “lógicamente esta fuerza -en referencia a IU- se lo replantearía y reflexionaría con total tranquilidad y serenidad”.
En este sentido, la dirección nacional del CUT-BAI ha acordado pedir que el caso de los ERE se incluya en el orden del día de la próxima Ejecutiva de IU y que se llegue “hasta el final, caiga quien caiga”.
Por su parte, el presidente del PP-A, Juan Ignacio Zoido, ha advertido al presidente de la Junta, José Antonio Griñán, de que la justicia “cada vez se le está acercando más” y que ya “anda por la puerta de su despacho”, razón que justificaría que “viva escondido en San Telmo”. “Porque teme que, a ver si va a salir, y la justicia lo tenga que atenazar en cualquier lugar”, aseveraba.
Ya su número dos, la vicesecretaria de Organización del PP-A, Ana María Corredera, había manifestado que su partido tiene claro que el “responsable político” del caso de los ERE es Griñán y acusaba a IU de “taparlo” para conservar los “sillones” en el Gobierno andaluz.
Por su lado, el vicesecretario general del PSOE-A, Mario Jiménez, ha lamentado que el PP haya “quitado el bozal” a sus portavoces para que “ataquen al Gobierno de la Junta” usando este caso con el único objetivo de “desviar la atención de la vergüenza de este país, el caso Bárcenas”.
Jiménez ha reiterado que desde el PSOE-A y la Junta se considera que la instrucción del caso está “en la orientación adecuada”, apuntando que la Junta está personada como acusación y que Griñán “ha sido, desde el minuto uno, el primer interesado en que se sepa la verdad, se recupere el dinero público” y que “paguen ante la justicia” aquellos que hayan “metido la pata o la mano”.
