La Fiscalía Anticorrupción ha pedido hoy prisión para Antonio Albarracín, ex directivo de la aseguradora Vitalia, después de siete horas de declaración ante la juez que investiga los ERE fraudulentos.
La declaración de Albarracín ha concluido a las 21.05 horas, por lo que Alaya no ha podido aún tomar declaración a otras cuatro personas citadas hoy como imputadas: el intermediario Juan Lanzas, su esposa Patrocinio Sierra, el exsubdirector de Mercasevilla Daniel Ponce y el exchófer de la Junta Juan Francisco Trujillo.
Estos imputados o sus abogados llevan varias horas a la puerta del juzgado a la espera de que Alaya reorganice el calendario de declaraciones, que se están tomando dentro de una nueva línea de investigación para conocer el destino de las sobrecomisiones que cobraban las aseguradoras de los ERE.
La juez se pronunciará aproximadamente en media hora sobre la petición del fiscal, pero ayer, ante una petición similar, ordenó prisión incondicional para el ex director general de la Junta Francisco Javier Guerrero.
El abogado de Albarracín: es un "enorme fraude propiciado" por la Junta
El abogado de Antonio Albarracín, exdirectivo de la mediadora Vitalia Vida imputado en la causa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos tramitados por la Junta, ha tachado este caso de "enorme fraude propiciado por la Junta de Andalucía", añadiendo que "la responsabilidad recae en los cargos políticos, que no se preocuparon de que las condiciones --de los ERE-- fueran correctas".
El imputado ha prestado declaración este jueves ante la juez de Sevilla Mercedes Alaya por espacio de cuatro horas, entre las 12,20 y las 16,25 horas, cuando la instructora ha ordenado un receso de 40 minutos para almorzar, periodo tras el cual se reanudará el interrogatorio, que podría alargarse durante toda la tarde.
En dicho receso, el letrado de Albarracín, Francisco Rubiales, ha asegurado en declaraciones a los periodistas que su patrocinado fue "un simple trabajador, sin ni un triste poder notarial para firmar un contrato", de Vitalia, mediadora en la que trabajó como asesor jurídico entre 1995 y 2011. "No era apoderado ni administrador de ninguna sociedad", ha reiterado.
Al hilo de ello, el abogado de Albarracín ha señalado que éste "seguía las instrucciones" que recibía desde la "jefatura" en Barcelona, pero "no recibió instrucciones para cometer delito ni para hacer ningún tipo de trama con la Junta". Ha añadido que "la acusación es injustificada" porque "ha quedado acreditado que era asesor jurídico, empleado en nómina".
Por último, ha aseverado que la juez Alaya "no tiene argumentos suficientes para tomar una medida tan severa" como la prisión provisional contra su patrocinado, tal y como ordenó este miércoles para el exdirector general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta Francisco Javier Guerrero.
A su juicio, al menos el 80 por ciento de las 60 personas imputadas hasta el momento en la causa de los ERE dejarán de estarlo cuando concluya la instrucción, pues "se ha metido en el saco a todo el mundo cuyo nombre, por activa o por pasiva, aparece en esta historia".
