Los Servicios de Inspección Pesquera, en actuaciones llevadas a cabo en colaboración con efectivos del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) y de la Policía Autonómica, se han incautado en lo que va de año de 41.680,47 kilos de pescado inmaduro y han levantado 152 actas de infracción en Andalucía.
En la mayoría de los casos este pescado se ha decomisado por no alcanzar la talla reglamentaria, carecer de etiquetado o ser transportado sin documentación.
Según los datos de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, a los que ha tenido acceso Europa Press, la mayor parte del pescado incautado pertenece a la especie de Longueiron, seguido por la almeja japonesa, la merluza europea y por la chirla.
De este total, en la provincia de Huelva los agentes ha levantado 28 actas y ha intervenido 10.116,02 kilos de pescado, siendo la merluza europea la especie que ha sido más decomisada.
En comparación con el pasado año, en concreto sobre los primeros diez meses del año, el pescado incautado ha aumento un 50 por ciento a nivel andaluz, sin embargo ha disminuido este mismo porcentaje a nivel provincial tras convertirse Huelva el pasado año en la provincia en la que más pescado inmaduro o sin etiquetar se incautó, siendo la chirla la principal protagonista.
En cuanto al marisqueo ilegal en la provincia onubense, la mayoría de las actas se levantaron por la captura de coquinas, alcanzando las 113. El año en el que más actas se interpusieron fue 2014 con 674 y desde entonces este número ha ido en descenso.
Desde la Consejería han destacado la importancia de la concienciación de toda la sociedad ante el grave problema del marisqueo ilegal, tanto para la sostenibilidad ambiental del caladero y de la propia actividad económica como para la salud pública.
Además, junto a las labores de inspección y control, la Junta de Andalucía vela por la seguridad alimentaria y la sostenibilidad de los caladeros con medidas como la fijación de tallas mínimas para las especies de interés pesquero, épocas de veda --fijas o estacionales-- o la prohibición de captura o tenencia de determinadas especies, así como con la implantación de una tara máxima de explotación o cupo de captura máxima.
También existe una definición y regulación de zonas o de fondos vedados a la actividad pesquera o la declaración de espacios marítimos protegidos. De igual modo, este departamento de la Junta de Andalucía, en el marco del Programa de Control y Seguimiento de las Condiciones Sanitarias en las Zonas de Producción de moluscos bivalvos, gasterópodos y equinodermos del litoral andaluz, decreta el cierre preventivo de los caladeros cuando se detecta la presencia de biotoxinas con valores superiores a los establecidos legalmente. El objetivo, la protección de la salud pública y garantizar la calidad sanitaria de los productos pesqueros.
