El Juzgado de lo Penal número uno ha aplazado hasta el 20 de diciembre el juicio, previsto para este jueves, a un padre y a un hijo, para los que el Ministerio Fiscal solicita dos años de prisión, por realizar una parcelación presuntamente ilegal, tras adquirir una finca en Aljaraque (Huelva) en suelo no urbanizable, y construir en ella sin licencia municipal cinco viviendas de madera sobre suelo de hormigón fijo, de entre 50 y 90 metros cuadrados, distribuidas en varias habitaciones y con baños-aseos.
El fiscal considera los hechos un delito contra la ordenación del territorio y pide para ellos, además de la pena de cárcel, una multa de 4.872 euros, a razón de ocho euros diarios durante 20 meses, y la inhabilitación especial para el ejercicio de la promoción o construcción de cualquier obra durante tres años, según reza en el escrito judicial, al que ha tenido acceso Europa Press.
De igual manera, solicita la demolición-retirada de las edificaciones reseñadas, previa elaboración de un proyecto técnico que, con el visto bueno del Ayuntamiento, garantice la restauración total del suelo afectado. En su defecto, los acusados abonarán al Consistorio el coste de la demolición-retirada.
Relata el fiscal que ambos, condenados en 2004, 2011 y 2015 por delitos de defraudación tributaria y estafa, adquirieron en fecha no concretada y con contrato privado la citada finca rústica, sita en Aljaraque.
En la misma en 2010 llevaron a cabo una parcelación ilegal contraria a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) de 2002, con el fin de vender las cinco subparcelas resultantes, de unos 2.000 metros cuadrados tras construir-instalar en ellas casa de madera o similares.
En ejecución de dicho plan, en calidad de promotores y constructores, realizaron al menos cinco viviendas de madera o material similar prefabricado, con una planta, sobre suelo de hormigón fijo y de entre 50 y 90 metros cuadrados distribuidas en varias habitaciones y con baños-aseos.
Además, el fiscal asegura que dos de las casas son usadas por los acusados como segundas residencias mientras esperaban para venderlas, mientras que las otras sí fueron vendidas. Otra de las subparcelas fue adquirida a los acusados por otra persona por unos 20.800 euros y, al comprobar que no se podía construir, instaló una roulotte y una tienda de campaña.
A su vez, en junio de 2013 uno de los acusados anunció en internet la venta de parcelas en la finca reseñada por un precio de 60.000 euros con casa construida y de 25.000 euros sin ella, pero detectada esta situación por agentes de la unidad adscrita del Cuerpo de Policía Nacional (CNP) a la Junta de Andalucía, se elaboró un atestado, fue remitido a Fiscalía, denunciándose los hechos ante los juzgados.
