El delegado territorial de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta en Granada, Manuel Montalvo, ha informado este viernes sobre la reciente aprobación en Consejo de Gobierno del decreto de la Historia Social Única y ha precisado que en la provincia hay 123.000 personas --118.000 usuarios y 5.000 profesionales-- solo en el sector de los servicios sociales comunitarios a los que se dirige esta herramienta, si bien cualquier andaluz puede llegar a ser usuario de los servicios sociales en ámbitos como el de la dependencia, al que accede la mayoría de la población en fases de edad avanzada.
Esta herramienta es "un sistema de información unificado en el ámbito de los servicios sociales que tiene entre sus objetivos simplificar los procesos y facilitar las gestiones a la ciudadanía para ofrecer una atención integral y de calidad". De esta forma, Andalucía se convierte en la primera región de España y Europa en contar con un sistema de información de este tipo del ámbito de los servicios sociales y en la extensión de los derechos que redundan en el Estado del Bienestar.
Hasta el momento, no existía ningún sistema de información como ocurre con el Séneca en Educación o el Diraya de Salud, y con la llegada de la Historia Social Única, se consigue hacer más eficiente y eficaz el sistema de servicios sociales de Andalucía, unos trabajos que han tenido un coste de 21 millones de euros.
"Esta es la forma de integrar e incorporar en un único sistema electrónico toda la información de los servicios sociales comunitarios y especializados, así como la correspondiente a las entidades, tanto públicas como privadas, proveedoras de estos servicios, reorganizando los recursos y perfeccionando los procedimientos", ha señalado Montalvo.
La Historia Social Única Electrónica, por una parte, va a facilitar a las entidades locales los procesos de intervención de los servicios sociales comunitarios. Por otra parte, los profesionales verán cómo sus procesos de trabajo mejoran porque van a poder compartir y consultar la trayectoria de las personas usuarias con garantías suficientes de seguridad, confidencialidad y protección de datos personales.
Además, ha señalado el delegado, "los propios usuarios podrán acceder a información de su interés, consultar sus expedientes administrativos, obtener certificaciones como la valoración y reconocimiento de discapacidad, la acreditación de una situación de vulnerabilidad o la percepción de prestaciones económicas".
