El Juzgado Contencioso-Administrativo número 5 de Málaga ha dictaminado el embargo de 103.275,23 euros al Ayuntamiento de Estepona, más un 25 por ciento de intereses y costas, tras no acatar el reintegro económico que dictamina la sentencia que decreta nula y sin efecto la jubilación forzosa de un funcionario adscrito a la delegación de Urbanismo como Arquitecto Técnico, de iniciales A.C, dictaminada vía decreto por el entonces alcalde, el socialista David Valadez, el 10 de noviembre de 2010.
Lo curioso del auto, fechado a 4 de junio de 2014, es que en el documento, al que ha tenido acceso VIVA ESTEPONA, se ordena acordar el embargo de cuentas, bienes, derechos, rentas -no afectos a servicios públicos- que tenga a su nombre el Consistorio esteponero, con especial mención del bien designado por el ejecutante de la "retención de la cantidad presupuestada para la construcción de un géiser marino". Un proyecto de los populares, no incluido en el programa con el que concurrieron a las municipales, pero que prevé la instalación de un géiser de más de cien metros de altura en la playa de la Rada con espectáculo de luces y sonidos como reclamo turístico.
El montante que embargan al Ayuntamiento corresponde a los salarios dejados de percibir por el empleado municipal desde el 27 de noviembre de 2010, fecha en que se hizo efectiva la jubilación forzosa. El funcionario, al igual que hizo el entonces tesorero, Félix Domínguez, había solicitado la prórroga del servicio activo hasta los 70 años, tal como se contempla la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas. Al no ser aceptada, recurrió a los tribunales. El Juzgado estimó el derecho del recurrente a permanecer en su puesto, produciéndose la reincorporación en junio de 2013.
La versión municipal
Desde el Ayuntamiento, en respuesta a esta sentencia, el equipo de Gobierno popular ha manifestado en un perfil en las redes sociales que lamenta "que la nefasta gestión de IU como parte del gobierno municipal (2007-2011) cueste ahora al Ayuntamiento más de 100.000 euros de salarios sin pagar a un trabajador municipal al que le vulneraron sus derechos, al obligarle, el anterior gobierno municipal, en noviembre de 2010 a la jubilación forzosa". "Se trata de otro perjuicio económico que PSOE e IU causaron a los intereses económicos de la ciudad.El actual gobierno requirió al citado empleado para que se incorporara a sus funciones; si bien, tras hacerlo pidió la jubilación voluntaria", aseguran.
