La caja de solidaridad --que recoge aportaciones de particulares del ámbito independentista-- ha abonado los dos millones de euros que faltaban para cubrir la fianza de 4,1 millones que impuso el Tribunal de Cuentas al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y otros 27 investigados por responsabilidad contable por el presunto desvío de fondos públicos para la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.
A principios de semana, el Tribunal Supremo comunicó al órgano fiscalizador que ponía a su disposición 2.135.948, 60 euros en fianzas que consignaron los procesados por el delito de malversación en el proceso independentista. La cesión de esta cantidad se hizo después de que la delegada instructora del Tribunal de Cuentas atendiera a la petición de las defensas de los 28 investigados, que pidieron poder emplear las fianzas depositadas en órganos judiciales en los que se han investigado hechos relacionados con el referéndum para "evitar duplicidades".
Así, la delegada instructora reclamó también al Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona que aportara la fianza que superaría los cinco millones de euros, precisamente abonada por la caja de solidaridad en dos partes.
No obstante, mientras el Tribunal de Cuentas analizaba el testimonio de las piezas de responsabilidad civil subsidiaria que fueron remitidas por la magistrada instructora de Barcelona Alejandra Gil para dar el visto bueno a que realizara la transferencia a la cuenta de depósitos y consignaciones judiciales del Departamento Segundo de la Sección de Enjuiciamiento --órgano jurisdiccional contable al que le corresponde el conocimiento y resolución del procedimiento contable que en su día se incoe--, la caja de solidaridad se ha adelantado y ha consignado los 2.010.327,37 euros que faltaban, han informado fuentes del órgano fiscalizador a Europa Press.
Con ello, el importe de 4.146.274,97 euros --3.903.294,86 euros corresponden al principal del alcance y 242.980,11 euros a los intereses provisionalmente calculados-- impuesto por el Tribunal de Cuentas como fianza solidaria a los 28 investigados, ya queda cubierta para asegurar el reintegro a las arcas públicas el posible coste del 1-O, en caso de que estos sean finalmente condenados y considerados responsables contables.
No es la primera vez que la caja de solidaridad ayuda a políticos independentistas investigados por el Tribunal de Cuentas, pues el verano pasado consiguió recaudar dos millones de euros que estaban pendientes para cubrir la condena de 4,9 millones impuesta al expresidente de la Generalitat Artur Mas y sus consejeros Francesc Homs, Joana Ortega, Irene Rigau y Jordi Vilajoana por la organización de la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014.
En el caso del 1-O, además de Puigdemont y del que fuera su vicepresidente, Oriol Junqueras, están investigados los exconsejeros del Govern, tanto los juzgados en el Supremo por el 'procés' como los huidos, así como ex altos cargos de la Generalitat que han sido procesados en el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona.
TRECE PARTIDAS DIFERENCIADAS
Según el Tribunal de Cuentas, los 4,1 millones se invirtieron en un total de 13 partidas: en gastos del aplicativo 'referendum.cat' y 'crida extra' (171.357,59 euros); gastos de rehabilitación de la nave anexa al CTTI Call Center (1.454.039,94); creación y diseño del registro de residentes en el exterior (11.503,64); difusión en prensa escrita del registro de residentes en el exterior (168.201,35); diseño y activación del registro de residentes en el exterior (2.868,08); campaña Civisme (357.068,26); gastos relativos a Unipost (1.259.882,07); cartelería del referéndum (65.730,97); campaña internacional de imagen de la Generalitat (63.735); invitación a grupos de parlamentarios europeos (88.643,56); equipo de expertos IEERT.Helena Catt (189.200,34); observadores internacionales Paul Sinning (177.464,80); y la web 'cataloniavotes.eu' (136.579,37).
Asimismo, identificó la responsabilidad de cada uno de los investigados, a los que se les imputa una responsabilidad directa y solidaria en función de cada hecho irregular en el que hubiera participado. Así, cree que Junqueras tiene responsabilidad en partidas que suman 3,6 millones de euros --de forma solidaria junto con otros miembros del Govern--; mientras que considera que Puigdemont participó en gastos que suman 2,1 millones, algunas de ellas coincidentes con la del que fuera el 'número dos' de la Generalitat, por lo que no se puede realizar una suma de ambas.
Hay otros investigados a los que se les atribuyen más partidas que al ex 'president' como a los exconsejeros Raül Romeva y Jordi Turull, que se les considera responsables, junto a otras personas, de ocho apartados que suman 2,3 millones de euros o la interventora general de la Generalitat, Rosa Vidal, a quien se atribuyen 3,7 millones de euros.
