España necesitará pedir una extensión del plazo para ejecutar las inversiones vinculadas a los fondos del plan de recuperación y resiliencia de la Unión Europea debido al importante retraso en la absorción de los recursos y la realización de los proyectos, según la agencia S&P Global, que confía en que Bruselas será "flexible".
"España ha experimentado un importante retraso en la absorción de los fondos y en la realización de las inversiones previstas", señala la agencia, que estima que el país ha ejecutado 7.700 millones de euros de 77.200 millones de euros a finales de 2022.
En este sentido, los autores atribuyen esta demora a una capacidad administrativa reducida después de los prolongados ajustes presupuestarios acometidos, al igual que a las complejidades administrativas incluidas en los nuevos procesos para administrar los fondos.
Asimismo, S&P reconoce que las salvaguardas anticorrupción y las reglas de supervisión y normas sobre ayudas estatales de la UE han pesado aún más en los programas de gastos, además del impacto relacionado con la alta inflación reciente.
En cualquier caso, si bien confía en que las tasas de absorción aumenten a medida que se resuelvan gradualmente los cuellos de botella, S&P sostiene que la falta de ejecución del gasto hasta ahora en comparación con el cronograma inicial "indica que la fecha límite de 2026 para el despliegue completo está en riesgo".
"A menos que España pueda acelerar el despliegue de los fondos en los próximos 12 meses, es probable que su Gobierno solicite una extensión del plazo", concluye la agencia, que confía en que la UE sea flexible cuando se trata de un tiempo extra siempre que los países se ajusten a su enfoque exigente de los aspectos cualitativos de los proyectos.
