El Congreso de los Diputados convalidará el próximo jueves el decreto ley que incluye la reforma de las pensiones, que según ha prometido el Gobierno se tramitará después como proyecto de ley para poder introducir enmiendas de los distintos grupos, tal y como deslizó el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, en la Comisión del Pacto de Toledo.
En una reunión extraordinaria, el Consejo de Ministros aprobó el pasado 16 de marzo la segunda base de la reforma del sistema de pensiones, que contempla subidas de bases máximas y de cotizaciones, mejoras en las pensiones mínimas y el establecimiento de un modelo dual para calcular la pensión, que dará opción a elegir entre los últimos 25 años cotizados o 29 años, descartando en este último caso los dos peores.
La reforma, acordada en el seno del Gobierno de coalición con la Comisión Europea primero, y con los sindicatos después (sin incluir a la patronal), se aprobó finalmente como real decreto ley para así agilizar su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
El nuevo sistema que propone Escrivá implicará un "sustancial" aumento de la pensión, en buena medida por la progresiva subida de la sobrecotización que establece el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), que pasará del 0,6% actual al 1,2% en 2029. De hecho, el ministro apuntó que la reforma supondrá un incremento de casi 20.000 euros en la futura jubilación de los trabajadores de 25 años y de casi 5.000 euros en empleados que se jubilen en 2027.
Entre otras novedades, la reforma también incluirá una cláusula para incrementar las pensiones mínimas de viudedad y equipararlas con las contributivas de jubilación, tras un acuerdo del Gobierno con EH Bildu. Asimismo, la cuota de solidaridad que afecta a los salarios que superen la base máxima de cotización finalmente será progresiva en función del sueldo, tal como reclamaba el PDeCAT.
La votación de la reforma en el Congreso se producirá tras conocerse la opinión de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que ha advertido que el nuevo esquema elevará el déficit de la Seguridad Social e incrementará el gasto en jubilaciones hasta un máximo del 16,3% del PIB en 2049, incluyendo pensiones no contributivas y de clases pasivas.
