Ningún representante de los organismos de control y regulación financiera de la Unión Europea, Banco Central Europeo o Junta Única de Resolución, que han comparecido en la investigación judicial abierta en la Audiencia Nacional para aclarar la desaparición del Banco Popular, ha querido asumir la más mínima responsabilidad en el caso, lo que está privando al juez instructor, José Luis Calama, titular del Juzgado Central Cuatro, de información y elementos de juicio relevantes para determinar lo sucedido y el grado de responsabilidad que pudieran tener los administradores del banco, según fuentes jurídicas consultadas.
Las mismas fuentes señalan que, en concreto, nadie en los organismos comunitarios competentes parece querer avalar o respaldar ninguno de los dictámenes, estudios, informes, cartas o análisis periciales que, hasta seis meses antes de la desaparición del Popular, certificarían su solvencia financiera. Todo ello, estiman esas fuentes, complica la tarea del instructor judicial.
En su comparecencia de septiembre pasado ante el juzgado, la máxima responsable de la JUR, Elke Köking, manifestó no recordar nada sobre sus comentarios públicos referidos a la apertura de un proceso investigador sobre el banco, lo que habría podido precipitar una fuga de depósitos. Además, fue tan confusa en sus declaraciones, indican estas fuentes, sobre la situación del banco que el juez instructor se vio obligado a solicitar una traducción forense de sus palabras textuales para intentar entender su posicionamiento. Nada de lo traducido habría aportado claridad a la instrucción, señalan fuentes próximas a la Audiencia Nacional.
Los pasados 14 y 16 de diciembre comparecieron en el Juzgado Central Cuatro los inspectores del Banco Central Europeo encargados de coordinar la supervisión del Banco Popular, el italiano Carlo Giorgis y el español Ignacio Pardo. Cuando fueron interrogados sobre los documentos que confirmaban la solidez del Banco Popular emitidos por el propio BCE, se limitaron a señalan que se trataba de “documentos legales estándar”.
En los medios jurídicos consultados se señala la sorpresa de que altos cargos del BCE emitan esta calificación sobre la amplia colección de documentos oficiales que el propio BCE ha emitido sobre la situación del Banco Popular y que avalan o respaldan su solvencia. El Popular desapareció en junio de 2017. Durante los dos ejercicios anteriores el banco fue supervisado por el BCE.
En 2015, Mario Draghi, entonces presidente del BCE, envió una carta al Consejo de Administración del Popular comunicando los resultados de los test de estrés del banco, que reflejaban un superávit de capital de 1.756 millones de euros en un escenario adverso, y un superávit de 2.485 millones de euros en un escenario base. Draghi también comunicó que el ratio de capital del banco quedaba en un 7,6% en un escenario adverso y de un 10.9% en un escenario base y que ambos ratios estaban por encima de los mínimos exigibles. Draghi afirmaba también que Banco Popular contaba con estrategias, procesos y mecanismos efectivos y completos que aseguraban una buena gestión y una cobertura sólida de los riesgos.
Estos resultados se confirmaron un año más tarde, en 2016, después de que el Popular superase de nuevo una prueba de estrés y sin que se incluyeran en los resultados del mismo el impacto positivo de la ampliación de capital que, de haberlo hecho, ponía al Popular en segunda posición en términos de solvencia en el escenario adverso, según algunos analistas. Después de dos años de supervisión del BCE, los documentos oficiales muestran que éste confiaba en el desarrollo futuro del Popular y en ningún momento se puso de manifiesto incumplimiento alguno de la normativa al Consejo de Administración de la entidad supervisada. El propio Draghi comunicó oficialmente al Popular estos datos e insistiendo en la solidez del capital y de los sistemas de control de liquidez de la entidad. Todo esto ocurrió sólo seis meses antes de que el Banco Popular desapareciese por una crisis de liquidez y fuese entregada por un euro al Banco Santander.
No se entiende muy bien, señalan los medios jurídicos consultados, que documentos como las cartas oficiales remitidas por el propio presidente del BCE se consideren ahora, en criterio de los inspectores interrogados en la Audiencia Nacional, como meras comunicaciones estándar. Añaden que todos lo que certificaron la solvencia del Popular evitan ahora compromiso o certeza alguna sobre esas opiniones contenidas en documentos oficiales, lo que incrementa, a su juicio, la sospecha de la existencia de una maniobra orquestada para eludir responsabilidades o compromisos en la desaparición del Popular, señalan esas fuentes.
