Adelante Andalucía ha pedido al consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda, que escuche a la comunidad educativa y no se supriman unidades escolares de centros públicos.
En un comunicado, la parlamentaria de Adelante Andalucía por Córdoba, Luzmarina Dorado, ha mostrado su apoyo a los actos de protesta que protagonizan las Ampas de los CEIP Algafequi y
Caballeros de Santiago contra los "recortes y la supresión de unidades educativas" por parte la Junta y ha pedido al consejero que "dé la cara, atienda las peticiones de las Ampas e impida el cierre de unidades educativas en los citados centros públicos cordobeses".
Para Dorado, las denuncias y demandas de los colectivos y familias afectadas están "totalmente justificadas, son necesarias y suponen un ejemplo de protesta cívica en defensa de la educación pública, una lucha que la comunidad educativa viene sosteniendo desde hace más de cinco meses contra el abandono, los recortes y la nefasta gestión de un Gobierno andaluz más preocupado por contentar a la privada que por atender las necesidades de los centros públicos, que son quienes garantizan la democratización y la calidad en la enseñanza".
Por eso, según ha apostillado Dorado, piden a Imbroda que escuche a la comunidad educativa, "rectifique y respete el derecho de libre elección de centro de las 140 familias cordobesas que se ven directamente afectadas por las políticas de precariedad que se vienen poniendo en marcha desde la consejería".
"Nos parece incomprensible y poco razonable que sea la propia Junta quien niegue a las familias la posibilidad de inscribir a sus niños y niñas en el centro público que ellos deseen", ha dicho.
Además, ha recordado, "la eliminación de unidades es una realidad que está afectando a muchos centros educativos en toda la provincia, con especial incidencia en los centros rurales, que ven cómo el cierre de líneas se traduce en recortes de personal docente, necesario para una buena atención del alumnado restante, que afronta el curso con menos apoyo y refuerzo o directamente con problemas para abordar el currículum obligatorio a nivel legal".