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Córdoba

El presidente de la Audiencia pide que se corrija que un particular pague la misma tasa que una entidad

Aconseja un "cambio de mentalidad" para que los tribunales sean "el último recurso y no el primero", ante la litigiosidad "exorbitante"

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El presidente de la Audiencia Provincial de Córdoba, Francisco de Paula Sánchez Zamorano, defiende que "no pueden establecerse tasas excesivas" en la Justicia, "y menos aún hacerse de modo general", de tal manera que paguen la misma tasa "un particular de economía modesta que una entidad bancaria o una empresa suministradora de servicios", cuando éstas, según resalta, "son precisamente las que a diario acuden a los tribunales de Justicia". Por tanto, subraya que esta situación "ha de ser corregida cuanto antes".

   En una entrevista con Europa Press, el magistrado ha explicado que "la tasa no ha incidido en el incremento o disminución de asuntos", de modo que indica que si este segundo fuese el efecto pretendido, objetivo que cree que podría calificarse de "dudosa constitucionalidad", no se ha conseguido, señala.

   Más bien, agrega, "al contrario", puesto que "si en algunos órganos el incremento de asuntos ingresados se ha mantenido, en otros ha aumentado", según detalla el juez, quien considera que "en cualquier caso la tasa siempre originará una desviación de asuntos a otros ámbitos de enjuiciamiento, concretamente allí donde aquella no rige, por ejemplo en el proceso penal".

   Sin embargo, insiste en que "establecer la tasa con el sólo propósito de disminuir la litigiosidad no es la solución, especialmente cuando ello puede entrañar un serio menoscabo a la igualdad de oportunidades de los ciudadanos para acceder a los tribunales".

   No obstante, apunta que "el momento económico actual, que no es el mejor, no tiene por qué ser incompatible con la imposición de una tasa". Como ejemplo, cita que "la Administración no ha suprimido el pago de tasas para la prestación de otros servicios", de tal forma que "el gratis total resulta hoy inviable", destaca el magistrado, quien añade que "cuando uno obtiene o se renueva el carné de conducir paga una tasa, y nadie dice nada".

LA MEDIACIÓN

   Por otra parte, el presidente de la Audiencia cree que hay "signos esperanzadores" respecto a la aplicación de la mediación, puesto que "todo lo que sea el fomento de fórmulas alternativas de solución de conflictos, como la mediación, que ofrece un espacio de diálogo para que sean los propios contendientes los protagonistas en la solución de su problemática es algo extremadamente positivo".

   En este sentido, argumenta que "los centros de mediación y la derivación a los mismos para que las partes traten de solucionar allí sus diferencias debiera ser a partir de ahora algo habitual", si bien pide no ser "ilusos", porque, a su juicio, "todo esto pasa por un cambio de mentalidad en los profesionales y en los ciudadanos".

   Al respecto, aconseja que "todos deben tomar conciencia de que los tribunales tienen que ser el último recurso y no el primero, de que sólo se debe acudir a ellos cuando, por el enconamiento de los contendientes, resulten inviables esos otros mecanismos".

   En su opinión, "ese cambio de mentalidad es fundamental en un país en que el nivel de litigiosidad llega a cotas exorbitantes". No en vano, detalla que "en España, con 46 millones de habitantes, hay en sus tribunales aproximadamente nueve millones de asuntos, mientras que, por ejemplo, en Francia, con una población de 66 millones hay sólo seis millones de asuntos. La diferencia es abismal", apostilla.

   Así, apunta que "las cifras hablan por sí solas", de manera que ello, "aparte de otras muchas cosas", pone de manifiesto "la carencia de jueces para resolver en tiempo razonable tan ingente cantidad de asuntos", declara el magistrado, quien asevera que "para remediar esto hace falta, entre otras medidas, una frecuencia de convocatoria de oposiciones sostenida en el tiempo y con un mayor número de plazas".

   En definitiva, Sánchez Zamorano señala que "la equiparación con los países del entorno requerirá de un fuerte incremento presupuestario en justicia hasta conseguir la ratio juez-habitante existente en aquéllos". Sin embargo, lamenta que "ese incremento o voluntad para mejorar económicamente el capítulo de Justicia, consideraciones aparte de la actual crisis, no se ha visto por ahora en la actuación de las Administraciones".

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