El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Encinas Reales (Córdoba) y anterior alcalde de dicho municipio, Gabriel González Barco, ha dicho este miércoles que el actual alcalde, Juan Víctor Prieto (PP), quien habrá de prestar declaración como imputado por la supuesta comisión de un delito de prevaricación ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Lucena (Córdoba) este próximo viernes, deberá explicar "¿dónde están 291.000 euros del PFEA?".
En rueda de prensa, el también diputado socialista en la Diputación ha asegurado que "la firma que aparece en la justificación del gasto" de ese dinero del Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA) en las obras de la Casa de la Cultura del municipio "es la del alcalde", si bien dichas obras no se hicieron con cargo al PFEA, sino que "se habían ejecutado con cargo a los Planes Provinciales de la Diputación", es decir, que el Consistorio recibió y justificó el gasto por la misma obra del PFEA y de la Diputación, pero solo se ejecutó por ésta última.
En consecuencia, según ha señalado González Barco, lo que Prieto tiene que aclarar es "¿dónde se echaron las peonadas que cobraron los trabajadores contratados en el marco del PFEA?", dado que "no consta que trabajaran en las obras de la Casa de la Cultura" y, "sobre todo, ¿en qué se emplearon los 137.000 euros correspondientes a los materiales?".
Es más, según ha detallado el portavoz socialista, "las obras de la Casa de la Cultura que el alcalde firmó que se habían hecho con cargo al PFEA se corresponden con las actuaciones de mejora que ejecutó la empresa adjudicataria de las obras en el marco de los Planes Provinciales de la Diputación, que sí que se hicieron realmente".
Todo ello, según ha argumentado González Barco, "se podría haber aclarado previamente, si se hubiese abierto en el Ayuntamiento la investigación que planteó el PSOE, y no se habría llegado a la actual situación, con la imputación del alcalde", que está citado a declarar para explicar su versión de los hechos, por los que hasta ahora no hay ninguna persona más imputada.
En concreto, en julio la Fiscalía Provincial de Córdoba envió las actuaciones a la autoridad judicial tras apreciar indicios de delito, por lo que ahora es el juez instructor de Lucena quien ha iniciado una investigación para aclarar las presuntas implicaciones penales.
Fue en noviembre del año pasado cuando el exalcalde y actual portavoz del grupo socialista en el Ayuntamiento encinarrealeño dio traslado a la Fiscalía de las presuntas irregularidades en torno a las obras de la Casa de la Cultura. Tras estudiar el caso, el fiscal lo remitió al juez decano de Lucena.
Ahora el juzgado investiga si el alcalde ha podido falsear supuestamente documentación relativa a 291.000 euros correspondientes al PFEA, que deberían haber tenido como destino culminar las obras de la Casa de la Cultura, de la que solo está abierta la planta baja, al no haberse culminado las otras dos plantas previstas.
Las obras arrancaron en 2009 en el solar del antiguo mercado de abastos mediante un taller de empleo financiado por la Junta de Andalucía, que llevó a cabo la cimentación, la estructura y algunos cerramientos. Todo ello en base al proyecto municipal aprobado por el Pleno, con González Barco como alcalde.
En 2010, el Pleno acordó incluir otra fase en el Plan Plurianual de Inversiones Locales para el cuatrienio 2008-2011 de la Diputación de Córdoba, con un presupuesto de 383.015 euros, mientras que el Ayuntamiento aportó 57.452 euros. Con esta segunda fase, se terminaría la planta baja totalmente y se acometería parte de la primera planta, hasta agotar el presupuesto y, de hecho, la Diputación licitó y adjudicó en 2011, ya con Juan Víctor Prieto en la Alcaldía, las obras de esta segunda fase de la Casa de la Cultura, por 311.643 euros, comenzando los trabajos en marzo de 2012.
En esa misma fecha, según los hechos que González Barco puso en conocimiento de la Fiscalía, se estaban ejecutando los trabajos con cargo al PFEA, que se iniciaron en diciembre de 2011 y concluyeron en abril de 2012, es decir, de forma simultánea en sus inicios a las obras ejecutadas con cargo a los Planes Provinciales. El juez deberá averiguar ahora, como denuncia el exalcalde socialista, si el dinero del PFEA habría servido para financiar la misma actuación que los Planes Provinciales.
