La Delegación Territorial de Medio Ambiente en Cádiz ha presentado alegaciones a Bruselas respecto a la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Tarifa, que incumpliría la regulación europea, según explicó este martes el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, que anunció posibles sanciones.
Según las mediciones de la Unión Europea, los datos no cumplen, al considerar el término de Tarifa todo el territorio, no solo el núcleo urbano, pero la Delegación Territorial señala que la aglomeración urbana es “solo el núcleo urbano”.
“La depuradora está dimensionada hasta para 30.000 habitantes del núcleo urbano sin problemas, y ahora hay unos 13.000”, indican.
Para la Junta se trata de un “problema de concepto” porque la UE ha incluido en el cómputo “otros núcleos que ya tienen su sistema de depuración”, como Atlanterra o Facinas, o núcleos que “son de menos de 2.000 habitantes y no están sujetos a la directiva europea”.
Pero los diseminados (aglomeraciones de menos de 2.000 habitantes), puntualiza la Delegación, “no se computan, porque en esos casos se buscan otro tipo de soluciones de depuración y no la conexión a la depuradora del núcleo urbano. Por ejemplo, algunos de esos diseminados tienen soluciones propias como la depuradora de Atlanterra, que ya existe, o la de Facinas, que también existe ya, o la de Bolonia, que está en marcha. Con la del núcleo urbano son varias depuradoras. No van conectadas en este caso a la urbana”, precisa.
La Junta entiende que Bruselas “ha computado la población con los 18.085 habitantes del padrón, que incluye los diseminados, pero para ellos se adoptan otras medidas que no son la conexión a la depuradora. Son núcleos dispersos”.
Por eso desde la Delegación han alegado que, a la vista de los datos y las mediciones, y contabilizando la población del núcleo urbano, que es a la que se quiere dar solución con esta nueva depuradora (13.623 habitantes), “se deduce que la capacidad de la EDAR está ajustada incluso para la semana de máxima carga anual. Incluso en periodo estival”.
“La supervisión es constante por si más adelante necesitara ampliación, pero por ahora llega de sobra para la carga actual”, puntualiza.
A la espera que se resuelvan las alegaciones presentadas, la Delegación considera que “la depuradora está hecha con ese criterio urbano y con él, cumple incluso en la época de verano. El procedimiento sancionador es para aglomeraciones urbanas de más de 15.000 habitantes” y la Junta está alegando porque considera que Tarifa es el único núcleo que computa como aglomeración en este caso.
Recuerdan, además, que de todas las que depuradoras que se mencionan en el listado, la de Tarifa es la única que está ya construida y funcionando.
Sanción
El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, anunció el martes que España deberá pagar una multa coercitiva de 10,95 millones de euros al semestre, además de otra suma de 12 millones de euros, por incumplir la normativa de la Unión Europea en saneamiento de aguas en 17 aglomeraciones urbanas. Esta situación se podría extender hasta 2022, cuando el secretario, prevé que estará terminada la última de las depuradoras previstas en Barbate (Cádiz).
Durante su intervención en la Comisión para la Transición Ecológica del Congreso de los Diputados, el secretario de Estado ha precisado que aunque la sanción, inicialmente, afectaba a 17 aglomeraciones urbanas, en la actualidad siguen incumpliendo la normativa un total de nueve de ellas. De estas, una está en Gijón (Asturias), otra en Valle de Güimar (Tenerife) y las siete restantes en Andalucía: Nerja (Málaga), Matalascañas (Huelva), Barbate (Cádiz) -- declaradas de interés general y que dependen del Gobierno-- y Alhaurín el Grande (Málaga), Coín (Málaga), Isla Cristina (Huelva), Tarifa -de competencia autonómica-.
De estas, según ha precisado Morán, la depuradora de Tarifa, de competencia autonómica ya cuenta con su estación depuradora de aguas residuales, pero las muestras obtenidas no satisfacen las exigencias de la directiva.
