Delegados de CSIF del sector de Sanidad se han concentrado esta mañana junto a trabajadores del Centro de Salud de Algeciras Sur (El Saladillo), en repulsa por las últimas agresiones cometidas contra profesionales en el ejercicio de sus funciones en este centro. La concentración ha reunido a delegados de las diversas centrales sindicales representadas en este ambulatorio.
Desde CSIF, que ayer denunció dos nuevas agresiones en centros de salud de la provincia (en Medina y en Barbate), se urge a la Administración pública a tomar todas las medidas necesarias para evitar episodios de violencia en los centros sanitarios por parte de ciertos usuarios. Además de reclamar más vigilancia, sistemas de prevención y seguridad, el sindicato pide el endurecimiento de las penas para las personas que agredan, tanto física como verbalmente, a los profesionales.
“Sale demasiado barato agredir o amenazar a un trabajador que está cumpliendo con su cometido, atendiendo a la ciudadanía con toda la profesionalidad y diligencia en un servicio esencial”, señalan desde CSF, que, a su vez, recuerda que los usuarios disconformes con el trato recibido tienen hojas de quejas y reclamaciones a su disposición, y que nunca se justificará la violencia contra los profesionales.
El SAS condena las agresiones
Por su parte, la delegada territorial de Salud y Familias, Isabel Paredes, ha mostrado hoy su condena y repulsa a los últimos episodios de violencia contra personal sanitario de los centros de salud El Saladillo, en Algeciras, Medina y Barbate, al tiempo que ha trasladado todo su apoyo a estos trabajadores.
Paredes ha asegurado que la Consejería de Salud y Familias “tiene tolerancia cero ante las agresiones a sus profesionales, sean cual sean su naturaleza, física o verbal” y ha recordado que, además, “están tipificadas como delito”. En este sentido, ha informado de que hace un mes, una persona que profirió amenazas a un celador del centro de salud de Chipiona ‘Tolosa Latour’ ha sido condenado a una multa por un juzgado sanluqueño.
“El mínimo episodio de violencia es suficiente para que salten nuestras alarmas y no cejemos en el empeño de acabar con esta lacra que afecta a nuestros profesionales”, ha afirmado la delegada, quien ha puesto en valor el Plan de Prevención y Atención de Agresiones para los profesionales del sistema sanitario público andaluz, en vigor desde el pasado año, cuyo objetivo último es reducir las agresiones y minimizar sus consecuencias.
En virtud de este plan, los servicios jurídicos del Servicio Andaluz de Salud (SAS) que asisten a todos los profesionales agredidos, solicitan la reparación económica integral por la agresión sufrida por el profesional. Igualmente, en los casos que proceda, se solicita la medida de alejamiento del agresor.
Además, se realiza una valoración exhaustiva de los daños causados en los centros sanitarios y de los gastos derivados de la posible baja laboral del profesional afectado y de su sustitución por otro trabajador.
En este sentido, la Consejería de Salud y Familias promueve modificaciones normativas para posibilitar medidas sancionadoras para los usuarios que cometan agresiones. Estas medidas incluyen sanciones económicas proporcionadas al daño causado por el agresor y, en caso de insolvencia, plantearse algún tipo de trabajo compensatorio a realizar por el agresor.
