El Tribunal Supremo revisa este miércoles la sentencia que condenó al alcalde de la ciudad, José María González, a pagar una multa de 5.400 euros por asegurar en una asamblea de vecinos que el anterior equipo de gobierno (del Partido Popular), suministró “a sabiendas” agua contaminada al barrio de Loreto. Unos hechos que se remontan a marzo de 2016 cuando en dicha asamblea el alcalde afirmó lo siguiente: “no hay explicación que justifique dejar a sabiendas a un barrio consumir agua contaminada durante varios días”, según recuerda la sentencia de la Audiencia de Cádiz.
En aquella asamblea el alcalde y sus ediles expusieron a los vecinos el resultado de un informe sobre el episodio de contaminación de aguas que obligó en 2014 a cortar el servicio durante varios días al barrio de Loreto y en el que se apuntaba que se tuvo conocimiento de la presencia de bacterias antes de cerrar el suministro. Pese a que no fueron nombrados directamente, la exalcaldesa Teófila Martínez y el expresidente de Aguas de Cádiz y exconcejal popular Ignacio Romaní, entendieron que se trataban de acusaciones directas contra ellos, por lo que llevaron el caso ante la Justicia.
Al respecto, fuentes municipales consultadas por este medio aseguran que mañana “se tomará otra decisión importante para la libertad de expresión y la crítica política en este país”. “Lo que esperamos es lo que espera el propio Fiscal del Tribunal Supremo, que ha sido rotundo en su exposición y se ha adherido a nuestra defensa, y lo que entendió la magistrada de primera instancia, que no es otra cosa que la absolución”. Cabe recordar que en julio de 2018 el Juzgado de lo Penal número 5 de Cádiz absolvió al edil, pero la Audiencia estimó el recurso de Teófila Martínez y condenó al alcalde por calumnias, con el criterio en contra de la Fiscalía que siempre abogó por la absolución. La Audiencia, sin embargo, asevera que el alcalde imputó “a sabiendas de su falsedad hechos a los querellantes que son claramente constitutivos de delito (...) con la evidente finalidad de menoscabar su crédito” en un contexto “en el que desgraciadamente es moneda corriente la descalificación y el desgaste del contrario más que el fomento del mérito propio”. Y añade que las afirmaciones del alcalde rebasaron “con mucho el legítimo ámbito de la libertad de expresión e información”.
Desde el equipo de gobierno local mantienen que “todo lo que se expresó se encuentra dentro de la libertad de expresión y de una crítica política a una gestión de Teófila Martínez e Ignacio Romaní que fue pésima”, insisten, “y que tuvo a un barrio de Loreto y a sus vecinos y vecinas como víctimas y como quienes sufrieron verdaderamente esa pésima gestión”. Apuntan que “existían análisis que invitaban a cortar el agua y hubo una decisión política de no hacerlo. Y que sabiendo de los resultados de esos informes no se le comunicó a la Junta de Andalucía tampoco”.
Añaden, además, que “dos de los tres imputados, Manuel Bouza, exconcejal, y José Vicente Barcia, jefe de gabinete de alcaldía, ya han sido absueltos. Sólo queda el alcalde, que esperamos que sea absuelto hoy. No entenderíamos que fuera de otra manera”.
Para el Ayuntamiento “esto sólo es una más de las quince denuncias que nos han puesto al alcalde y a integrantes del equipo de gobierno que llegamos a la alcaldía y que han quedado en nada. Es una estrategia de judicialización constante, de entorpecer, de intentar ganar en los tribunales lo que perdieron en las urnas y de amedrentar de alguna manera con la amenaza a la denuncia”.
Finalmente exponen que “esperamos que quienes se han dedicado durante estos años a llevar a los tribunales la vida diaria política de este Ayuntamiento asuman sus responsabilidades por la estrategia de acoso y derribo que llevan ejerciendo seis años”.
