El equipo de gobierno municipal elevará a pleno una modificación de la ordenanza municipal que regula el programa Alquiler Social, aprobada por unanimidad en septiembre de 2016, por el cual la propiedad pone a disposición de las familias que determine Procasa el alquiler de una vivienda a cambio de la garantía íntegra de la renta y otras ventajas.
Una de las principales motivaciones para modificar dicha ordenanza es adaptarla al cambio en la Ley de Arrendamientos Urbanos, que eleva de 3 a 5 años los contratos de alquiler. Si bien, desde la delegación de Vivienda se ha querido aprovechar este proceso para introducir otros cambios que mejoren dicha ordenanza y la hagan más eficiente. En este sentido, la concejala responsable, Eva Tubío, señala que “abordamos esta modificación en un momento idóneo, ya que creemos que va a haber viviendas que se destinaban a fin turístico antes de las crisis del Covid a las que les interese más volver al uso residencial. Y por ello es importante afinar esta herramienta, para buscar incorporar más viviendas al programa en un momento en el que la crisis económica y social derivada de la pandemia puede generar aún mayor dificultad para acceder y mantener el derecho a una vivienda”.
Para trabajar los cambios que se van a introducir y cuya propuesta ya se está ultimando para presentarla a sesión plenaria, Tubío ha mantenido varios encuentros participativos. Se trató este asunto en una reunión mantenida con multipropietarios de viviendas en la ciudad, administradores de fincas e inmobiliarias; en otra reunión con las consejeras de PROCASA, pertenecientes a los grupos políticos de PP, PSOE y Ciudadanos, así como la edil de Asuntos Sociales, Helena Fernández; y esta misma semana en un encuentro mantenido con colectivos de la ciudad que trabajan en la materia, y en el que participaron APDHA, la Federación de AAVV Cádiz Centro y Calle Viva.
Mejoras introducidas en la modificación
En cuanto al contenido de la modificación, más allá de la adaptación a la nueva regulación arrendataria, se ha constatado que la exigencia de cumplir determinados parámetros del Código Técnico de la Edificación y otras regulaciones sectoriales pensadas para nuevas edificaciones ha dejado fuera viviendas que siendo perfectamente habitables a criterio técnico se hubieran podido acoger al programa. En concreto, 17 de un total de 20 solicitudes. En consecuencia, se modifican varios artículos del Título II, para flexibilizar los requisitos, manteniendo como imprescindible la obligación de tener el Informe Técnico del Edificio (ITE), con dictamen favorable en vigor o, en su caso, Informe de Evaluación de Impacto Ambiental, y por otra parte se aumenta a un máximo de 10.000 euros el crédito reintegrable que se concede a la propiedad para obras de reforma.
Otro de los cambios que se ha considerado necesario es la adaptación al mercado actual de alquiler, aumentando hasta los 600 euros en caso de vivienda de un dormitorio, 700 para la de dos y 800 para las de tres.
En marzo de 2019 se aprobó el Plan Municipal de Vivienda de Cádiz, en cuyo diagnóstico se recoge una estimación de 4.928 viviendas deshabitadas, un 9% del total. Tanto el fenómeno como el de la llamada turistificación ocurren en una ciudad donde un importante sector de la población no puede hacer efectivo el derecho a una vivienda digna, con 5.751 unidades familiares demandantes inscritas en el Registro Municipal, lo que hace necesaria la intervención municipal para buscar un equilibrio que haga posible vivir en Cádiz.
Cabe recordar que el programa de Alquiler Justo es una herramienta que tiene como objeto atraer vivienda turística o vacía al parque residencial. El contrato lo suscriben propietario e inquilino directamente pero es la empresa municipal quien le paga la renta íntegra al propietario.
De este modo, Eva Tubío recuerda que “esta ordenanza es una herramienta más que nos permite poner a disposición del alquiler residencial más viviendas que, por pocas que sean, son muy necesarias. Todo englobado dentro de la política de vivienda municipal, que como se sabe se lleva a cabo con otras líneas fundamentales, con las promociones de vivienda social que se están construyendo, actualmente Botica y Marañón; con las ayudas que servicios sociales da cada año en materia de vivienda, cercanas a los tres millones de euros; o con la regulación que se está trabajando en materia de vivienda turística”. Añadiendo para finalizar que “evidentemente el problema de acceso a la vivienda que padece esta ciudad necesita de múltiples medidas y esfuerzos, no sólo del Ayuntamiento sino de las administraciones competentes y a todos los niveles, incluyendo una Ley que pueda regular los precios abusivos del alquiler”.
