El exdelegado del Estado en la Zona Franca de Cádiz Manuel Rodríguez de Castro, uno de los principales acusados de malversación en el caso Rilco, se presentó ayer en el juicio casi como un rehén de los Abogados del Estado, a los que ha acusado incluso de torturas ante el Tribunal Constitucional.
El juicio por este caso, en el que se dirime si un negocio que pretendía impulsar el comercio electrónico con Iberoamérica fue un canal para malversar caudales públicos, se reanudó ayer después de que el tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cádiz decidiera desestimar las peticiones de anulación del proceso.
El tribunal sólo ha estimado parcialmente una de las alegaciones presentadas por la defensa de Miguel Osuna, sucesor en el cargo de Rodríguez de Castro, para retirar de la acusación uno de los delitos que le imputaba el fiscal, el de falsedad continuada en documento público, al considerar que cuando prestó declaración por este punto, por el que el fiscal pedía cinco de los trece años de prisión que solicita en total para él, no lo hizo en calidad de imputado.
El tribunal también ha desestimado la petición de las defensas de que el Abogado del Estado Aurelio Ruiz, que ejerce la acusación, fuera retirado del juicio, en el que también había sido citado a declarar en calidad de testigo porque, según los acusados, desde este cargo asesoró a la ZF de Cádiz sobre la puesta en marcha en el 2000 de Rilco, un portal de comercio electrónico con Iberoamérica.
En sus respuestas ante las distintas partes, Rodríguez de Castro, para el que el fiscal pide diez años de cárcel, culpa precisamente a los Abogados del Estado de lo ocurrido en torno a Rilco, ya que, según afirma, fueron los que redactaron todos los documentos, contratos y gestiones, e incluso ha apuntado que las firmas suyas que aparecen en los distintos documentos han podido ser falsificadas.
En su versión los abogados del Estado, en los que él confiaba “ciegamente”, hicieron “el diseño último de todas las cosas” y a él no le “quedaba otra” que asumir sus propuestas porque utilizaban “fórmulas a veces un poco amenazantes”. Rodríguez de Castro ha explicado que a los abogados del Estado, que cobraban por asesorar legalmente a la Zona Franca de Cádiz unos 3.000 euros al mes, él les daba además “libros, regalos, una pata de jamón en Navidad, y todo lo que me pedían para que estuvieran contentos”. Según su relato, a partir de 2004, cuando el PSOE ganó las elecciones, “estos señores se vuelven los peores enemigos” del proyecto Rilco. “Se asustan o los amenazan, no se, y se desdicen de todo lo que han hecho”, tras lo que denunciaron las irregularidades cometidas en base a este proyecto que ahora han llegado a juicio.
El exdelegado de ZF ha afirmado ante el tribunal que ha recurrido la reciente sentencia del Tribunal de Cuentas que le condena, junto a Miguel Osuna, a devolver a las arcas públicas 4,3 millones de euros por sus gestiones en el caso Rilco y que, además, ha presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional en el que acusa de varios delitos de torturas a los abogados del Estado, al juzgado que instruyó el sumario, a la Agencia Tributaria y al Tribunal de Cuentas.
Cuando el abogado del Estado le ha pedido que concretara las torturas Rodríguez de Castro ha asegurado que ha sufrido una “persecución perversa durante trece años”.
“Jamás toqué dinero”, ha subrayado también el exdelegado.
